Acuse de recibo
Hoy responde Carlos Díaz Hidalgo, vicedirector de la Empresa de Ómnibus Urbanos de Ciudad de La Habana, a la queja de Remberto Pila —reflejada aquí el 10 de junio— acerca de irregularidades en el funcionamiento de la terminal del municipio capitalino de Regla.
Remberto denunciaba entonces que allí, los expedidores fomentaban la indisciplina y la desesperación de los pasajeros que aguardan en las colas, cuando atrasan excesivamente la salida de los ómnibus. Y también que había choferes que evadían la cola de la primera parada, al salir.
Ahora afirma Díaz Hidalgo que la investigación realizada confirmó que se producían tales indisciplinas por parte de los expedidores, por lo cual se decidió terminar la relación laboral de dos de ellos, quienes manipulaban los horarios de la programación, y posteriormente fue separado otro más.
Por ello, tuvieron que suplir con personal sin experiencia, y hoy solo cuentan con dos de los cinco expedidores requeridos. A fines de mayo se fortaleció el trabajo de expedición, con un jefe de línea, procedente de otra terminal, con dominio de esa actividad.
Sobre lo de la evasión de la primera parada, se comprobó que todo consiste en que los del taller salen a probar los ómnibus sin quitarles las banderolas, lo cual provoca confusiones en los pasajeros que esperan. Así, determinaron que es obligatorio identificarlos como carros en prueba.
Asegura Díaz Hidalgo que el Partido y la sección sindical en la unidad trabajan para elevar la disciplina laboral. Y se decidió que los inspectores de la empresa mantengan un control estricto del cumplimiento de los horarios de salida de las rutas, lo cual será analizado con el consejo de dirección de la terminal, para depurar responsabilidades y adoptar medidas en caso de que se repitan las irregularidades.
La segunda carta la envía Jorge Oliva Yero, director general del Grupo Empresarial de Camiones del Ministerio de Transporte, quien esclarece un suceso insólito, denunciado aquí el pasado 19 de mayo por Yolanda Sierra, vecina de Constitución 4, entre Calzada de Managua y Atlanta, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.
Entonces, Yolanda narraba que un camión grúa, de la Unidad Básica de Güines, se proyectó contra su casa, y le desbarató el portal, la sala, el cuarto, el comedor y el baño. Argüía que había hablado con el director de la entidad, y este se había comprometido a reparar de dañado. Pero todo quedó en palabras.
Aclara Oliva que, a raíz de lo publicado, se efectuó una investigación con todas las partes, el reveló que, ciertamente, al camión grúa se le averió el sistema de frenos y se proyectó contra la vivienda de Yolanda, con los consiguientes daños.
Al producirse el hecho, una patrulla condujo a las dos partes a la unidad de la PNR del reparto Capri. Pero allí, y delante de las autoridades, Yolanda y el chofer del camión grúa se pusieron de acuerdo, a solicitud de este último, para que no se formulara la denuncia. Las autoridades alertaron a Yolanda de que en casos como ese, muchas veces, los choferes se comprometen a resolver por su cuenta el asunto y luego no lo hacen.
Dice que «en ninguno de esos momentos procesales participó directamente el director de la empresa, ni hizo compromiso alguno en nombre de la entidad para restañar los daños». Luego, el director atendió a Yolanda por teléfono y se comprometió a conminar al chofer a que cumpliera su promesa, pero reiteró «la imposibilidad de ayudar, de manera institucional, al no poseer recursos ni facultades para ello».
El chofer le ha entregado a Yolanda un nivel de materiales —aún insuficiente— y el ofrecimiento de realizar el trabajo por esfuerzo propio.
En visitas a Yolanda, subraya, el director le ha reiterado que como representante de la empresa no tiene posibilidades de solución de un problema que, por demás es particular: entre el chofer y la afectada. Y ello fue ratificado por ella en sus declaraciones.
Agradezco el esclarecimiento, porque al rompecabezas de la historia de Yolanda le faltaban unas cuantas piezas que ella no envió en su carta, aun cuando las tenía.
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