Acuse de recibo
La autoridad y el poder se extravían cuando quienes los ejercen recalan en la arbitrariedad, y sin miramientos distorsionan el sentido de cualquier ley o norma jurídica.
Neisy Díaz Palomino chocó con la arbitrariedad, y fue una fuerte colisión, que todavía le quita el sueño de rabia e impotencia. La afectada, quien reside en Abraham Delgado 399B, entre Estrada y Caridad, en la ciudad de Ciego de Ávila, se encontraba junto a su mamá y hermana de vacaciones en casa de unas amistades en Varadero, en Tercera, entre 42 y 44, Edificio 205, apartamento 4.
El dos de agosto se presentan allí dos inspectoras de Vivienda, sin mostrar la identificación que las acredita como tal. Solicitan a las tres visitantes sus carnés de identidad, y les imponen sendas multas de mil pesos cada una, debido a que «habían recibido información de que nosotras estábamos alquiladas en dicha vivienda».
Las avileñas les aclaran que no era así. Media una amistad, y las habían invitado a pasar unos días allí. Les sugieren a las inspectoras que vayan al CDR a verificar lo dicho, pero todo es en vano.
De inmediato, las multadas van al Gobierno municipal, y allí una funcionaria les informa «que la multa había sido impuesta incorrectamente, puesto que el artículo legal invocado no se correspondía con lo sucedido». Les da los nombres de cuatro personas con quienes entrevistarse en la Dirección Municipal de Vivienda.
En Vivienda, les informan que esas personas no se encuentran trabajando, pero que tampoco están facultadas para atender tal reclamo.
Las tres avileñas visitan el Gobierno y Vivienda municipal en tres ocasiones más, sin ningún resultado. Intentan entrevistarse con la directora de esa última entidad, y ella les comunica que no puede atenderlas porque sencillamente no tienen despacho solicitado para ese día.
Se entrevistan al fin con un abogado, quien les aclara el enredo: la multa les ha sido impuesta como si ellas fueran las propietarias del inmueble y lo estuvieran alquilando ilegalmente, sin licencia para ello. Y eso se lo ratifican en la oficina de Cobro de Multas, cuando van a pagar.
Así, las avileñas han pagado las multas y no han resuelto aún el asunto. Exigen una respuesta a Vivienda, pues las inspectoras no tienen prueba alguna de lo que alegan, y se las aplicaron a ellas arbitrariamente. ¿Por qué?
¿Acaso se contribuye al respeto de la Ley perpetrando ilegalidades bajo el manto de la autoridad y el poder?
No menos disgustada está Eneida María García, allá en calle 22 número 3507, entre 35 y 37, en la ciudad de Nueva Gerona, Isla de la Juventud.
La señora vive en esa casa desde 1961, cuando se la otorgaron. Entonces, ya la misma tenía un garaje de mampostería de cuatro metros de ancho por siete de largo, a unos 4 o 5 metros de la misma. Como tal, dicho garaje aparece en la propiedad de la vivienda, que ella terminó de pagar en 1987.
Pero hace unos tres años, una comisión de Vivienda fue a su casa y le mostró una resolución que establece que solo se puede tener dos metros y medio de patio, so pena de quitarle lo que sobrepase esa norma. En síntesis, tendría que correr el garaje para entrar en los linderos, y ni así pudiera; «La Habana no cabe en Guanabacoa».
Le argumentan que el garaje le pertenece, pero no así el área. Planificación Física le comunica sin contemplaciones que si no lo corre, se lo van a demoler. Y la señora, que ha tenido legalmente el garaje desde que comenzó a vivir esa casa, y que cumplió con la Ley General de la Vivienda pagando la misma, se pregunta si eso no es una arbitrariedad.
Ella quiere que le expliquen y la convenzan de que tal ultimátum no es una injusticia para con su caso particular, «porque en el municipio nadie ha podido darme una respuesta». ¿Por qué? ¿Acaso es lo que establece la Ley o una interpretación errónea de su espíritu?
Eneida tiene muchas dudas, tantas que no caben en los anchos linderos de su mente.
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