Acuse de recibo
El pasado 20 de octubre, el campesino Israel Cabrera seguía esperando a que la Empresa Pecuaria Pedro Betancourt, en el municipio matancero de Jovellanos, le pagara dos toros que él vendiera a esa entidad estatal el 7 de julio del presente año.
Israel, quien reside en la finca Potrero Viejo, de Pedro Betancourt, y pertenece a la Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS) Renato Guitart, denunciaba que cada vez que llegaba a esa empresa intentando cobrar el dinero, le manifestaban que estaban insolventes para efectuar el pago.
Este redactor se preguntaba cómo era posible que, si recientemente se habían liquidado las deudas acumuladas del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) con los pequeños agricultores, a instancias de los acuerdos y análisis críticos hechos por el Parlamento cubano, ya reapareciera el impago, como en este caso.
Ahora responde Miguel L. Baró Arango, delegado territorial del MINAGRI en Matanzas, que «en este caso se presentaron algunas dificultades para efectuar el pago a la CCS, debido a que, al no estar esta fortalecida, no se le puede efectuar el pago por facturas ni utilizar el crédito de fondo rotatorio».
Aclara que el 18 de octubre la empresa le había entregado a la dirección de la CCS el pago mediante el cheque 5015772, y esta última, a su vez, lo efectuó al campesino el 22 de octubre, dos días después de publicado el caso.
Precisa Baró que el campesino fue visitado por funcionarios del MINAGRI y de la dirección territorial Matanzas, y asegura que «este caso, con todos sus pormenores, será analizado en la próxima Comisión de Cuadros de esta delegación, al considerar que se violó lo establecido en los términos de pago por parte de la Empresa Pecuaria Pedro Betancourt».
Felicito que se haya resuelto. Pero más que el desagravio de saldar la deuda, lo esencial es que las dependencias del Ministerio de la Agricultura estén alertas, porque el impago a los campesinos puede resurgir como las malas hierbas, cuando no se atienden los cultivos a tiempo.
La segunda carta la envía Mercedes Díaz, directora de Bufetes Colectivos en la provincia de Guantánamo, en respuesta a la queja de la guantanamera Ileana Moreno, reflejada en esta sección el pasado 22 de agosto. Entonces, Ileana censuraba la demora en los trámites para la adjudicación de la vivienda que fuera de su fallecido padre.
Al respecto, Acuse ya reflejó la respuesta de la Dirección de Vivienda de Guantánamo en cuanto a lo que le correspondía en la dilatación del proceso; pero estábamos en deuda con la que nos enviara entonces, con suma agilidad, Bufetes Colectivos de Guantánamo.
Al respecto, Mercedes Díaz aclara la parte de ellos en la dilatación. Precisa que el 8 de mayo de 2006 Ileana inició los trámites para la obtención de los Actos Positivos de Última Voluntad, en el Bufete Colectivo de Guantánamo. Al siguiente día, la técnica de Trámites hizo la solicitud al Registro Central de Actos de Última Voluntad, del Ministerio de Justicia.
El 27 de julio de 2006 se recibió el documento del Registro Central, pero con errores en la fecha de fallecimiento del padre, no obstante haber enviado desde Guantánamo la certificación de defunción con los datos correctos. Y se le mostró a la clienta.
El 2 de agosto vuelven a solicitar los Actos, y estos llegan al Bufete el 19 de octubre, procedentes del Registro Central, pero de nuevo con errores: el nombre de la madre, que es María Magdalena, aparecía como María Margarita. El 25 de octubre vuelven a solicitar el documento al Registro, y fue el 12 de enero de 2007 cuando llegó el mismo, al fin sin errores, y se le entregó a la familia.
Aclara Mercedes que, como se observa, la demora fue causada por el Registro Central; y precisa que la técnica del Bufete fue diligente y mantuvo siempre informada a la solicitante, lo que fue ratificado por Ileana Moreno cuando fue entrevistada.
Ya todo se aclara. Y para el Registro Central de Actos de Última Voluntad, queda la interrogante de por qué no respondió a esta columna para delimitar su responsabilidad en la dilatación del trámite. Hace falta una firme voluntad para no errar en torno a algo tan serio como los Actos de Última Voluntad.
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