Historias de fuego

Arde aún en la memoria de Wilder Acosta la tragedia de aquel 6 de junio de 2006 a las dos de la madrugada, cuando chispas del fogón de leña detonaron el incendio que arrasó con su casa, en Playa de Barriguita, Baracoa, provincia de Guantánamo.

Afortunadamente, no hubo que lamentar afectaciones humanas gracias a la acción del cuerpo de bomberos, pero sí desaparecieron con la vivienda los papeles de la licencia de construcción que tenía el titular.

Todavía a estas alturas, los tres niños de esa familia no tienen techo, a pesar de todas las gestiones de Wilder, quien al día siguiente del siniestro, aún con la ropa ennegrecida, inició un estéril rosario de trámites: inversionista del Consejo Popular, delegado de la circunscripción, comisión de distribución de materiales de su barrio, Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal.

«Después de jugar al juego del ratón y el gato con todas las estructuras mencionadas», afirma Wilder que al fin el 1ro. de octubre de 2007 le entregaron ciertos recursos, pero sin el orden requerido para erigir una vivienda: tiene el cemento, puertas, cerraduras, tomacorrientes, puntillas, interruptores y cables. El techo, ya le dijeron que no será para este 2008. Hay, «pero son para otro tipo de problemas y afectaciones, como las de los fenómenos meteorológicos, pero para casas quemadas hace tiempo que no entran techos, porque se queman pocas; como si esto no fuera una afectación tan grave como las demás».

Wilder está muy preocupado porque el cemento se le echará a perder y tendrá que botarlo. Hay otros casos allí que tampoco han recibido los materiales por el orden lógico de la ejecución, y corren el mismo peligro. Así, solo cenizas quedarán del sueño de levantar su techo...

Otra historia de fuego es la de Yoania Meriño Quevedo, de Coco Solo, en ¿Las Maltinas o Las Malvinas?, Julia, en Bayamo, provincia de Granma.

Aunque Yoania presenta dificultades con la caligrafía en su carta, sí se entiende perfectamente que hace unos cinco meses que se le quemó su vivienda con todo adentro. «Y no me quedó nada», afirma así con la gravedad de una columna que cae estrepitosamente.

También Yoania y sus cuatro hijos pequeños salvaron sus vidas gracias al ágil accionar de los cuerpos de extinción. Pero la otra candela, la más difícil de neutralizar, han sido los accidentados trámites de la mujer.

Cuenta desesperada que de inmediato fue al Poder Popular y a Vivienda, y le comunicaron que debía esperar a que la visitaran. Todavía cuando me escribió el 21 de diciembre de 2007, continuaba aguardando por la visita.

¿Cómo ha vivido desde entonces? Se pasó un mes durmiendo en el suelo con sus hijos. Lo único que le dieron fueron los uniformes escolares. Y Yoania levantó un cuarto rústico que se moja por todas partes.

Hace poco supo que Vivienda había dado unos cuantos techos a familias que no tienen una situación tan crítica como la suya. Y ella no comprende. Necesita que se interesen por la situación de sus niños.

La tercera historia no es de incendio, pero está que arde: Jorge Enrique Guerra lanza la chispa con el tema de los precios, desde Martí 29, esquina a Capote, en la ciudad de Bayamo.

Al lector le preocupan ciertas alzas de precios en las tiendas en divisas, «sin que sepamos porqué los suben, quién los sube, adónde se puede dirigir un consumidor a plantear su inquietud...».

Refiere el caso de productos que salen por primera vez en oferta, y luego se dispara el precio sin que se sepa por qué. Ejemplifica con un vodka que compró hace unos meses a un precio cercano a los 3 CUC, y luego le aumentaron más de 50 centavos. Le preguntó a la dependiente y esta le dijo que «lo mandaron a subir porque tiene mucha demanda».

Censura el hecho de que las rebajas se aplican cuando el producto está prácticamente vencido y perdió propiedades. También critica el que una misma manzana, por ejemplo, cueste 55, 50 o 45 centavos de CUC en distintos lugares, no tan diferentes, y sin ninguna distinción que implique una categoría mayor o menor.

¿Son aumentos oficiales o atribuciones furtivas?

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