Acuse de recibo
Microbrigada, macropaciencia: «¿Qué tiempo más debemos esperar?», pregunta Orlín Pérez, desde Calle 8-A, número 814, entre 7 y 9, en La Demajagua, Isla de la Juventud. En el año 2000, él ingresó en la Microbrigada Social para optar por una vivienda. Comenzaron construyendo seis casas para los que llevaban más tiempo en la Micro. Y se les planteó por parte de los jefes de la misma que por la disponibilidad de recursos en ese momento, en un plazo no mayor de cinco años obtendrían la vivienda. En el 2001, a raíz de los ciclones, el Gobierno y la empresa constructora les solicitaron que ayudaran en la construcción y reparación de viviendas destruidas. Ellos plantearon que estaban dispuestos a asumir la tarea, pero necesitaban que les ayudaran a resolver su problema de vivienda. Cumplieron con la tarea asignada, pero no recibieron la ayuda solicitada. Al cabo de los tres años, y concluida la misión, se les encomendó la reparación de escuelas, policlínicos y salas de video. Y cumplieron, pero con ellos no han cumplido. En diciembre de 2007 concluyeron dos casas para técnicos de la Vivienda. «Llevamos ocho años en espera de que nos ayuden a resolver nuestros problemas de vivienda», afirma Orlín.
Lucrando a costa de Lizt Alfonso: Carlos A. Isaac cuenta desde Consulado 154, en Centro Habana, que su mamá intentó el pasado 8 de enero adquirir tres entradas para el espectáculo Vida, de esa compañía de ballet español, pero no alcanzó en la cola. Sin embargo, el 12 de enero fueron antes de la función al teatro Mella, y allí estaban los revendedores ofertándolas a 2 CUC. Qué pena: los teatros de la capital venden las entradas, pero nadie controla la cola allá afuera. Los acaparadores-especuladores llenan sus bolsillos fácilmente a costa del talento y el sacrificio, lo mismo de Lizt que del Ballet Nacional de Cuba, el dúo Buena Fe u Osvaldo Doimeadiós. Y nadie pone freno...
Complicaciones para jubilarse: Pedro Gregorio Fonseca lanza un S.O.S. desde Tercera Avenida, sin número, entre 5 y 6, reparto Caymari, de la ciudad de Manzanillo. Él labora en el organopónico T-22-3, de la Empresa de Cultivos Varios de Manzanillo, y al cumplir 60 años decidió acogerse a la jubilación, habida cuenta de que ha trabajado ininterrumpidamente desde 1973 hasta hoy. Pero cuando fue revisado su expediente laboral por una funcionaria del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) en esa ciudad, en noviembre de 2007, se detectó que faltaban las tarjetas SNC-225 correspondientes a 17 años laborados en ECASA, aeropuerto Sierra Maestra, de Manzanillo. «A partir de ese momento comenzó para mí una odisea —asegura—. He acudido a Recursos Humanos de la granja donde trabajo, al Sindicato Agropecuario, y a Asuntos Laborales de la CTC municipal, la cual comunicó el problema al Órgano del Trabajo. He acudido al aeropuerto de Manzanillo, al INASS y a la Fiscalía Municipal. En todos estos lugares he recibido buen trato, pero mi inquietud se basa en que pasan los días y todo se va diluyendo en el tiempo. Todavía no he encontrado a alguien que diga concretamente la solución a este problema: Solo me falta poner esto a disposición del Órgano de Justicia Laboral de Base y seguir en el compás de espera para jubilarme y descansar como lo merece cualquier trabajador de este país».
Carteles por cuenta propia: A Ernesto Rodríguez, de calle 25 número 61, en el barrio capitalino de Lawton, le preocupa que, contraviniendo ciertas disposiciones urbanísticas, La Habana cada vez se llene más de carteles improvisados y antiestéticos, que anuncian presentaciones de grupos musicales en centros nocturnos, lo cual afecta el ornato público y luego nadie los retira. De paso, Ernesto repara en una realidad muy dura: las ofertas aclaran que las entradas son en CUC, y van desde tres hasta diez. Están dirigidas sobre todo a los jóvenes, que son quienes menos ingresos poseen y dependen muchas veces de sus padres, mucho peor si estos viven de sus salarios. Ernesto cree que en algún momento habrá que analizar esa barrera para la recreación. Y yo me sumo a su demanda: se requiere de una voluntad institucional para que, aun cuando haya opciones en divisas, a la par se fomenten discotecas y centros nocturnos asequibles en pesos.
