Y no pasa nada... - Acuse de recibo

Y no pasa nada...

La vecindad supone respeto y consideración. Supone, porque no siempre la colindancia es consecuente con esos principios. Hay entidades que con sus actos demuelen ese respeto en un tres por dos. ¿Será porque se sienten poderosas e intocables ante un humilde vecino? ¿Será porque confunden el poder estatal con la supremacía, como si el fin último de su servicio público no fueran las personas comunes que se asoman a la ventana?

El 30 de agosto de 2007, reflejé la incertidumbre de Israel Rodríguez, allá en Avenida 7 número 403, en San Felipe, municipio habanero de Quivicán:

La Dirección de Comercio municipal demolió una vieja bodega que colindaba con su casa. Y lo que fue la pared de división interior de madera, quedó al aire libre, comida por el comején, casi colgando. Israel acudió a Comercio municipal, a Vivienda, a Fiscalía, y le prometieron que se va a analizar el caso, pero solo eso...

Ahora retorna Israel, para contar que a raíz de lo publicado, recibió la visita de los directores de Vivienda en la provincia y el municipio, y del Presidente del Gobierno en Quivicán; y todos concuerdan en que Comercio municipal, desde entonces, debió levantar inmediatamente esa pared, para sellar la indefensión en que quedó su casa.

«Pero, desdichadamente —acota Israel—, todo ha quedado en eso, en la promesa... La Dirección de Comercio municipal no ha procedido».

El otro cuarto se alquila: el mismo 30 de agosto de 2007, María del Pilar Calvet denunció aquí los perjuicios que le ocasiona el vecino taller de reparación de muebles y colchones La Comodidad, a su vivienda, en Avenida 51, número 1265, apartamento 1, entre 126 y 130, en el municipio capitalino de Marianao.

Explicaba María del Pilar que el taller tenía una canal, tupida y deteriorada, que estaba al nivel de la placa de su casa. Y con el tiempo fue afectando las columnas, la pared y el techo de esta. Hacía más de cuatro años que se había registrado un derrumbe parcial. Desde 1996 lleva María del Pilar luchando con el problema, en gestiones en el Gobierno municipal, la Unidad Municipal de Inversiones de la Vivienda (UMIV) y cuanta dependencia hay. Y mientras tanto, por el techo agujereado seguía entrándole agua...

Y ahora vuelve María del Pilar para ratificarme con tristeza que «La Comodidad» sigue dictando su incomodidad.

Recuenta que, a los pocos días de revelarse la denuncia aquí, la visitó una funcionaria de Vivienda, que tramitó el caso, pero «todo ha sido un peloteo; el compañero de la UMIV quedó en traerme el dictamen técnico actual y no lo trajo».

Más clara no puede ser la acusación: «Tengo 80 años y estoy operada de la cadera. Cuando llueve la casa se llena de agua. Sigue pasando el tiempo, y ya prácticamente no puedo vivir aquí. Está en peligro mi vivienda. Es una falta de respeto el peloteo en que he vivido durante diez años».

La tercera denunciante lo hace por primera vez, y ojalá no sufra la indiferencia que han soportado sus antecesores:

Mercedes Novo Oliva, más conocida por Cucha, es una anciana que vive sobresaltada en su vieja y deteriorada casa de calle Segunda número 4, entre General La O y República, en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba.

Sí, porque la casa de Cucha colinda al fondo con una panadería. Y un buen día, trabajadores de la Empresa municipal del pan comenzaron a desmantelar el techo que da al patio y la cocina de la casa de Cucha. Y ante los ojos atónitos de la señora, extraían ladrillos de la pared que divide esa cocina y ese patio con la panadería...

Sucedió lo que tenía que suceder: el 29 de mayo de 2007 un gran estruendo despertó al vecindario a las 2 y 10 de la madrugada. Dicha pared se desplomó hacia la casa de Cucha, y desde entonces la mujer vive penando por la posibilidad de que le desvalijen por ese fondo agujereado todas sus pertenencias.

Gestiones con la Empresa del pan y con el Gobierno municipal no han faltado. Pero ahí sigue impune la avería, sin que sus propios autores se hayan dignado a resarcir el daño.

¡Qué vecinos! La hacen y luego la ignoran. ¿Y no hay autoridad para exigirles que restañen lo que dañaron? ¿Cómo los respectivos gobiernos municipales pueden desentenderse del perjuicio que han perpetrado esas entidades?

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