Urgencias médicas

A la Salud Pública se le dedican tantos recursos del Presupuesto Nacional, y es prioridad tal en la sociedad cubana, que algunos quisieran obviar los problemas que se generan en la atención médica, y las indolencias e insensibilidades sufridas por algunos pacientes.

Yoannia Pupo me escribe desde Heredia 122, entre Rubén Casaus y Frank País, en la localidad holguinera de Cueto. Y desea agradecer a los médicos, enfermeros y demás personal que labora en la sala de Hematología del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción Pedraja de esa ciudad, por la esmerada atención, profesionalidad y cariño con que tratan a los niños que allí ingresan y a sus acompañantes.

Cuenta Yoannia que su hija de dos años, Samira Abdulkarrim Pupo, que padece una leucemia linfoblástica aguda y permaneció nueve meses ingresada en ese centro asistencial, desde diciembre de 2007 está de alta, y los medicamentos que consume diariamente se los proporcionan gratuitamente.

Para ello, la niña debe acudir mensualmente a consulta. Y aquí comienza el contraste entre la protección estatal a su hija, y lo que él considera es el maltrato y la negligencia por parte del SIUM (Sistema de Urgencia Médica) del municipio.

Relata Yoannia que durante nueve meses, como parte del tratamiento intensivo de la pequeña, en muy pocas ocasiones pudieron contar con el servicio del SIUM; y cuando lo lograron, fue tardíamente.

Asegura la madre que desde diciembre de 2007 ha solicitado ese servicio en tres ocasiones al SIUM, para el transporte de la pequeña a consulta y su retorno. En la primera, el 18 de enero pasado, tuvieron que abordar un botero particular, porque la ambulancia llegó atrasada, después de las 7 y 30 de la mañana. En la segunda ocasión, se coordinó para el 1ro. de febrero, y quedaron en recogerlos a las 5 y 30 a.m. Pero la ambulancia llegó a las ocho de la mañana, después de muchas llamadas. Con ella, llegó el jefe de turno, quien manifestó que el equipo no estaba bien, y los llevaron hasta la base.

Allí estaba la otra ambulancia en perfecto estado, y cuando ellos exigieron una explicación, «el jefe de turno hizo valer su autoridad, diciendo que allí las cosas se hacían de esa forma, y mandó a abordar otro vehículo, en el que por fin fuimos trasladados».

La tercera vez, el 29 de febrero, solicitaron la ambulancia, y ese día llegó a tiempo, pero el chofer les aclaró que no podía llevarlos de vuelta, porque traspasaba su turno.

Por más coordinaciones que hicieron, incluso con Salud Pública en el municipio, la conclución fue que no se podía contar con los del SIUM pues al final «ellos hacían lo que querían».

Yoannia asegura: «hasta el momento solo he recibido la respuesta de que quizá no se repita esto, y podamos recibir una mejor atención, pero allí en la base municipal del SIUM nadie se siente ni se hace responsable por esto».

La segunda misiva la envía Wilfredo Jesús Fernández, de avenida 33ª, entre 16 y 18, en el municipio habanero de Jaruco. Y cuenta que en esa localidad, a fines de noviembre de 2007, fue inaugurado el policlínico Noelio Capote, el cual ha fortalecido la atención médica a la población.

Pero a esa inversión le falta terminación y presenta problemas de calidad en el alumbrado y los parqueos y jardines.

No obstante, lo más preocupante es que la fosa de ese centro, en el apuro de la terminación, no se selló correctamente. A solo dos meses, se hundió por la parte de afuera y su tapa no selló herméticamente. Quedaron grandes rendijas, y ello ha provocado grandes criaderos de mosquitos.

Ya los vecinos han quemado las naves con las autoridades territoriales y no han podido erradicar el fenómeno. Ellos consideran muy preocupante que tal chapucería ocurra, con tantos recursos que el país dedica para inversiones en la salud, y en la erradicación de focos de mosquitos.

No es la primera vez que irrumpen en esta columna denuncias acerca de irregularidades en la política inversionista en obras de la salud. Y uno se pregunta por qué, después que el país hace sacrificios financieros, hay deficiencias en las ejecuciones que no pueden ser atajadas por quienes administran esas inversiones en nombre del pueblo.

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