Respuestas espirituanas

«¿Por qué hay que castigar tanto al vecino cubano?», preguntaba este redactor el pasado 19 de febrero, al revelar la denuncia de la lectora Odalys García, vecina de Prolongación de Pancho Jiménez sin número, entre Carretera de Jíbaro y Río Yayabo, en la ciudad de Sancti Spíritus.

Y no era para menos con la relatoría que nos hizo: en los primeros días de agosto de 2007, la Empresa Eléctrica realizaba trabajos en su barrio, y al abrir un hueco para colocar un poste, averió la acometida de agua correspondiente a la casa de Odalys y la de una vecina, que inmediatamente quedaron sin el servicio del líquido.

Lo insólito es que el 1ro. de febrero de 2008, cuando Odalys escribió a esta columna, permanecían en la misma situación, a pesar de que habían tramitado la situación con Acueducto y con Atención a la población del Gobierno municipal. Fue en enero del 2008 que apareció por allí una supervisora de Acueducto, y prometió que irían urgentemente a arreglar la avería. Pero quedó aquello solo en promesas...

Al respecto, responde ahora Leonel Díaz Hernández, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de esa provincia, quien reconoce que esa entidad sí conocía el caso y «no atendió debidamente una afectación real; esto no debió ser así».

Al propio tiempo, precisa que tal situación fue analizada con el colectivo de Acueducto municipal, «y aunque el caso se resolvió, no fue por la vía que debía haberse resuelto». No obstante, refiere, la empresa asignó los recursos para reparar el daño; y «desde el punto de vista administrativo se tomaron las medidas necesarias para que estos casos, que deslucen la imagen de nuestra institución, no se repitan».

Aun cuando la respuesta del Director general no explica qué medidas se tomaron, ni tampoco por qué durante tantos meses no atendieron la queja de la ciudadana, al menos Acueducto y Alcantarillado respondió y muestra la voluntad de reparar lo dañado. Lo extraño es que la Empresa Eléctrica, la causante del problema que desencadenó toda esta historia, ni se dignó en responder tan siquiera con una disculpa.

La segunda carta es también una respuesta desde la provincia de Sancti Spíritus, y la envía Bernabé Linares González, presidente del Gobierno en el municipio de Cabaiguán; a propósito de la queja de la lectora Miriam Rosa Rodríguez, reflejada aquí el pasado 10 de abril.

Miriam Rosa, una mujer muy enferma y madre soltera, hacinada con su niña en una casita en pésimas condiciones en el batey Tres Palmas, de Cabaiguán, narraba entonces las vicisitudes sufridas con la venta de materiales, a partir de una licencia para construir por esfuerzo propio que le otorgara el Gobierno del territorio. Al propio tiempo, la mujer contrastaba la lentitud e inseguridad con que le aseguraban los materiales, ante otros casos que han recibido una atención más ágil.

Al respecto, responde el presidente del Gobierno que, dada la excepcional complejidad del caso de Miriam Rosa, el 2 de abril de 2007 se le autorizaron, «para continuar la construcción ilegal ya convalidada, 600 bloques, 40 barras de acero, 40 bolsas de cemento y un módulo de techo, recursos que se entregarían paulatinamente, en correspondencia con la disponibilidad física que tuviera el territorio».

Asegura que Miriam Rosa extrajo los 600 bloques, «pero por problemas familiares se retrasó casi seis meses en comprar el cemento, por lo cual el autorizo inicial perdió vigencia, sin que esto signifique que ha perdido el derecho a adquirir ese producto, para lo cual resulta necesario renovar el autorizo».

Manifiesta que «todo lo acordado en este caso, las decisiones tomadas y recursos asignados están fuera de todo plan y obedecen exclusivamente a las características del mismo». Señala la probabilidad de que algún trámite burocrático dilatara alguna gestión, pero no considera «que sea indignante que otras viviendas pertenecientes a obreros y trabajadores, aprobadas en algunos de los planes establecidos por el Instituto Nacional de la Vivienda y por el municipio, se terminaran antes que la de Miriam Rosa».

Finalmente, consigna que «cumpliremos el compromiso que con ella contrajimos el año pasado, en la medida en que tengamos posibilidades materiales de hacerlo».

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