Impune irresponsabilidad

Qué suerte tienen esos irresponsables e insensibles que duermen bien y no pagan sus culpas al amparo del descontrol, como esos que aún no han dado la cara a los vecinos del Edificio 62, del reparto Buena Vista en la ciudad de Las Tunas.

El pasado 29 de abril reflejé aquí la denuncia del lector Alejandro Cruzata, en nombre de los residentes del citado inmueble: hace más de 8 años, una brigada constructora retiró el impermeable del techo de ese edificio, el cual, por cierto, no se filtraba. Y desde entonces, los vecinos viven bajo las filtraciones constantes. Y cuando llueve, tienen que suspender el servicio eléctrico. Viven cruzando dedos ante el peligro, y ya huelgan sus planteamientos en las asambleas de rendición de cuentas, sin que nadie tenga una respuesta.

Al respecto, responde Kenia Souza Báez, subdirectora de Atención a la Población de la Dirección Provincial de la Vivienda en Las Tunas. Y reconoce que «Cruzata tiene toda la razón, ya que es cierto que su edificio se moja».

Pero lo insólito es que, según la subdirectora, «no se pudo precisar qué brigada retiró el impermeable, pues esto fue hace unos años, y por este motivo no se pudo tomar medidas con los implicados».

Souza refiere que el Edificio 62 se encuentra en el plan nominalizado de edificios a impermeabilizar este año. A partir del tercer trimestre, la Microbrigada Social comenzará a ejecutar dichas acciones: se le aplicará al mismo la manta asfáltica, producto de calidad que se está utilizando en las principales obras del país.

Señala la funcionaria que «esta acción no se había realizado antes, pues el edificio nunca había estado en ningún plan, pero ya incluido el mismo quedará resuelta su situación». Y asegura que esa Dirección le dará seguimiento a la ejecución, lo cual agradecemos.

Lo que sí no queda esclarecido es, en primer lugar, cómo es posible que una acción inversionista estatal no esté respaldada por documentación, ni entidad alguna pueda responder por tal irresponsabilidad. Eso es grave.

Lo segundo es que la respuesta no abunda en por qué si los vecinos llevaban ocho años sufriendo las secuelas de tal tropelía, y planteándolo en las asambleas de rendición de cuentas, nunca se les dio una respuesta, «nunca antes había estado en ningún plan», y ahora, a raíz de la denuncia, se demuestra que sí se puede atender el reclamo.

La segunda carta es la respuesta de Marta Elena Feitó Cabrera, directora del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS), a la queja del remitente Roelsis Basulto Hernández, publicada aquí el pasado 10 de junio.

Entonces, Roelsis, con la dirección Edificio Gran Panel 1 número 151, en Esmeralda, Camagüey, denunciaba que en varias ocasiones los pensionados tienen dificultades para cobrar en el correo de la localidad, y cuando abren no hay dinero en esa unidad para pagarles. Tienen que esperar a que lo busquen en el Banco, por lo cual comienzan a pagar retardadamente. Y lo considera como un maltrato a quienes todo lo han dado en la vida.

Al respecto, señala Marta Elena que la investigación realizada por la filial del INASS en Esmeralda, en coordinación con la Dirección Municipal de Trabajo, arrojó que dicha persona no existe en dicho municipio, ni tampoco la dirección que dio, según los datos ofrecidos por la Dirección de Carné de Identidad. Y tampoco aparece como pensionado de la Seguridad Social.

Ni el Instituto Nacional de Seguridad Social ni la Dirección municipal de Trabajo en Esmeralda habían recibido queja alguna sobre tal situación. Y la directora del correo ratificó que «no han existido problemas con el pago a los jubilados».

Precisa la funcionaria que al igual que en el resto del país, en Esmeralda funciona el Grupo de Administración de la Seguridad Social, sin que se haya registrado algo así, excepto una situación puntual en febrero pasado, relacionada con las firmas autorizadas para la extracción del anticipo del Banco por la Agencia de Correos, la cual quedó solucionada de inmediato.

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