Acuse de recibo
«Las bolsas de la arbitrariedad», así denominé la historia denunciada aquí el pasado 26 de octubre por el lector Jorge Enrique Ulloa Guadarrama, de la ciudad de Sancti Spíritus: una historia de injusticia y desafuero. Y la respuesta que envía a propósito Omar Sieiro Milián, director de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) en esa ciudad, de hecho confirma aquella relatoría y desagravia al afectado.
Recordemos primero la queja de Ulloa: él ha construido su propia vivienda por el Plan CTC, con la ventaja de poder comprar los materiales a precios de Estado. Y está en fase de terminación. En una reunión el 13 de octubre se les comunicó a él y a otros en similar situación que se iba a reiniciar la asignación de cemento, con prioridad para quienes ya se encuentran en esa fase terminal.
Y cuando Ulloa fue a ver a la técnica de la UMIV encargada de distribuir el cemento, ella le dijo que ya lo había repartido todo. Ulloa argumentó y reclamó. Y la técnica, «en una forma airada y descompuesta, ante todos los presentes, me dijo que había distribuido el cemento de la forma que mejor le había parecido; que por protestar, en lo adelante no me iba a tener en cuenta para nuevas distribuciones. Que podía ir a quejarme adonde quisiera».
El 15 de octubre le informaron que de nuevo había cemento para repartir a todos los del Plan CTC, no importa la fase en que están. Ulloa fue a ver a la técnica de marras para que le hiciera el vale correspondiente. Y ella le dijo sencillamente que no: ya había repartido las 600 bolsas con que contaban. El denunciante se preguntaba cómo un derecho que le asiste podía ser vulnerado sin más ni más, por el antojo y la arbitrariedad de una persona.
Ahora responde Sieiro que, ciertamente, se había decidido priorizar en la distribución de cemento las viviendas del Programa de la CTC que se encontraban en fase de terminación. Y se comprobó que la técnica de la UMIV incumplió la orientación.
«Por privar del derecho al trabajador seleccionado —agrega—, se le notificó una medida disciplinaria, consistente en el traslado a una plaza de menor remuneración, y condiciones laborales distintas, por un término de seis meses».
Afirma el director de la UMIV que «también se evaluó la responsabilidad de quienes debían haber chequeado el cumplimiento de la orientación». El caso se analizó en un matutino especial con los trabajadores de forma aleccionadora, y se entregó el cemento que le correspondía a Ulloa. «Nuestra misión es atender bien a la población, y evitar que situaciones lamentables como la mencionada ocurran», sentencia finalmente.
La segunda carta la envía Eliecer Maldonado Villa, desde Carril 18, en Julio Antonio Mella, provincia de Santiago de Cuba. Y es sobre un dilema preocupante, que deja a cualquiera meditando.
Refiere el lector que el pasado 18 de octubre le fue entregada por su centro de trabajo su casa, recién construida. Ya en agosto había hecho el contrato con la Organización Básica Eléctrica (OBE), y allí le informaron que hasta que no estuvieran terminadas las restantes viviendas en construcción, no le instalarían el servicio eléctrico.
«Además, cuando me dirigí a la técnica de Vivienda que me atiende —agrega Eliécer—, me informa que debo comenzar a habitar mi casa, pues puedo correr el riesgo de que personas inescrupulosas la habiten de forma ilegal y no pueda sacarlas.
«Me pregunto: ¿debo vivir en esa vivienda sin servicio eléctrico por tiempo indeterminado? ¿Puede alguien ocupar la vivienda que me fue entregada por el organismo donde laboro?»
Otras preguntas podrían adicionarse a las de Eliécer:
¿Por qué una vivienda terminada debe esperar por la conclusión de otras para recibir un servicio que ya se contrató?
¿Vivimos con tanta fragilidad institucional e irrespeto por las leyes, al punto de que la ocupación ilegal de una vivienda puede ser irreversible e impune?
¿Desde la propia institución que rectorea lo establecido sobre la vivienda, puede orientarse un proceder que, en sí mismo, entraña el conformismo con la ilegalidad?
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