Terreno de impunidad

No pocas veces siento eso que llaman «vergüenza ajena», al revelar tristes historias que me envían sus propios sufrientes. Y me digo que episodios de ese tipo no debían registrarse en un país que ha hecho tanto por el ser humano. ¿Qué sucede cuando se nos van de las manos tales excesos?

Francisco Blanco Cordovez me escribe desde Mejías, en Urbano Noris, provincia de Holguín. Él es un hombre de 70 años, que defiende sus derechos a capa y espada. No se rinde ante lo que considera una soberana injusticia. Y no se rendirá hasta que ponga todo en su sitio.

Cuenta el lector que todo comienza cuando en noviembre de 2006 decide iniciar los trámites para construir una vivienda por esfuerzo propio, en un terreno de su propiedad, avalada esta por la Resolución 553 del delegado territorial del Ministerio de la Agricultura, con fecha 6 de agosto de 2006. El terreno está ubicado en el barrio de San Rafael, en el municipio de Holguín.

Sí, en noviembre de 2006, Francisco se dirige al delegado de la circunscripción correspondiente para solicitar orientación de cómo iniciar los trámites requeridos. «Y al presentarle los documentos que me acreditan como propietario del terreno —precisa—, recibí como respuesta que él iba a hacer un campo de pelota en ese terreno».

Entonces Francisco se dirige a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) de Holguín, para solicitar la licencia de construcción por esfuerzo propio. Y después de ires y venires en torno a su propósito, al cabo de cuatro meses desde allí le solicitaron fotocopias de los documentos.

En mayo de 2007, el delegado de la circunscripción decidió comenzar a «buldocear» el terreno de marras. Francisco se presenta entonces en la Asamblea Municipal del Poder Popular, y le atiende allí su secretaria. Le da una nota, indicándole que se dirija a Planificación Física. Y las labores de «buldoceo» son paralizadas.

Refiere el septuagenario que en Planificación Física le negaron la autorización para construir. Y él continúa haciendo gestiones en diferentes instancias a nivel provincial y nacional, entre ellas la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Y el 8 de agosto de 2008 recibe de parte del delegado territorial de la Agricultura, atendiendo referencias de la Asamblea Nacional del Poder Popular, documentos que reconocen su propiedad sobre el terreno, y la indicación de que debe dirigirse al presidente del Consejo Popular, o a la Asamblea Municipal, para que se analice el proceder del delegado. También le remite a la UMIV para iniciar los trámites de construcción de vivienda.

Después de esto, asegura Francisco, el delegado vuelve a «buldocear» con un equipo de la ECOI 17. Y le derriba siete caobas. En esa operación, se destruyen más de 200 metros de cercas perimetrales y se sustrae la capa vegetal.

Ante esta nueva situación, Francisco se dirige a la Forestal municipal, «donde fui peloteado por varios funcionarios sin ser atendido mi caso». Desatenciones similares experimentó de quienes atienden Protección del Suelo y de otras autoridades, a pesar de tener indicación por escrito de Fiscalía.

Cuando me escribe, el pasado 30 de octubre, Francisco permanece en la misma situación. Y afirma que «solo me queda actuar por mi cuenta, pero mis principios de honestidad y 70 años que tengo, me impiden usar esta vía»; no sin antes agradecer al Ministerio de la Agricultura, y a sus representaciones provincial y municipal por su actitud positiva en este caso, por no haber violado ninguna letra de la legalidad».

Esta es una síntesis de la historia, tal como la cuenta en su carta Francisco. Esperamos que un suceso tan doloroso quede esclarecido bajo la lupa de la justicia y el Derecho. Es curioso —lo refleja más de una misiva reseñada aquí— cómo en un santiamén puede quebrantarse la legalidad, y luego para restablecerla se desgaste tanto uno de aquí para allá. Y al final siga en las mismas...

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