Divorciados del cliente

Este es un divorcio muy largo, tan largo que uno quiere divorciarse de las instituciones, aunque no pueda. El aspirante es Ramón Ruiz Álvarez, vecino de calle H, número 360, apartamento 24, entre 15 y 17, en el municipio capitalino de Plaza. Y la historia es muy azarosa.

Relata Ramón que el 15 de mayo de 2007 se presentó en el Bufete Colectivo de E y 23, en Plaza, y solicitó el divorcio de su esposa. Ello consta en el contrato de servicios jurídicos, con una abogada para que le representara en dicho proceso. Él tuvo que abonar entonces 82 pesos para iniciar el trámite.

Le indicaron que debía presentar nombres y direcciones de cinco testigos antes del 20 de mayo de 2007. Así lo hizo. Y le indicaron que debía mantenerse llamando al teléfono 832-7570, los martes y jueves de 11 y 30 a.m. a 5 p.m., y los viernes de 8 y 30 a.m. a 12 y 30 p.m.; o yendo personalmente al Bufete.

Ramón se mantuvo llamando con una frecuencia de dos veces al mes, y decidió presentarse allí pues le era difícil entrevistarse con la abogada, entre trabajo y problemas personales que tenía.

Con esas limitaciones se mantuvo gestionando, pero no fue fácil. Dejó de insistir. A mediados de diciembre pudo ver a la abogada, quien le comunicó que se le había extraviado el documento que a él le habían exigido presentar, con los nombres y las direcciones de los testigos.

«En ese momento —apunta—, me di cuenta de que mi proceso estaba, como se dice en buen cubano, engavetado, habiendo transcurrido seis meses sin que la licenciada se comunicara conmigo, a pesar de estar plasmado en el contrato mi teléfono particular».

Desde enero de 2008, Ramón no ha dejado de insistir en sus intentos en el Bufete. Y en esas gestiones conoció que habían cambiado los días de atención a la población: a partir de entonces eran los martes y viernes, de 8 y 30 a.m. a 12 y 30 p.m., y los miércoles de 1 y 30 p.m. a 5 p.m. Pero le ha sido muy difícil ver a la abogada.

Transcurridos dos meses de llamadas infructuosas, en marzo de 2008 logró contactarla telefónicamente y esta le indicó que debía presentarse en el Bufete para llenar una solicitud de Trámites Legales, y con ello obtener un «certifico» de salida del país de la contraparte. Esta gestión se hizo efectiva el 22 de marzo de 2008, y él abonó 20 pesos para ese trámite.

Las llamadas y presentaciones personales de Ramón en el Bufete durante el 2008 han sido recurrentes. Y las respuestas de la abogada, en las escasas ocasiones en que ha podido contactarla, «han sido esquivas, evasivas, justificantes sin argumentos sólidos».

El 19 de diciembre, cuando me escribió, Ramón intentó comunicarse con la abogada, y le dijeron que no podían atenderle porque el Bufete estaba cerrado por la actividad de fin de año.

«Lamento muchísimo —refiere— no haber tenido un poco más de paciencia acumulada, pues no es mi intención dañar la imagen de persona alguna; solo que siento que durante un año y siete meses he estado divorciado de mis derechos de cliente, al no recibir siquiera la más mínima información que se respete sobre el proceso de mi caso».

Ahora que comienza el 2009, quiero recordarles a nuestros lectores varias premisas indispensables de esta columna.

Primeramente, es imprescindible que las cartas colectivas sean firmadas por alguien al menos, que con su nombre y dirección suscriba el reclamo de todos.

Lo otro es que algunas personas envían sus misivas con una caligrafía ininteligible, que hace muy difícil, muchas veces imposible, la descodificación de los mensajes. Si alguien no tiene una caligrafía comprensible, entonces debe buscar quien le pase la carta.

Lo otro es que en la carta estén los más precisos y evidentes datos posibles, con los nombres e informaciones claras de las entidades y directivos a quienes les enviaron las quejas. También debe aparecer un teléfono, con el cual podríamos comunicar para precisar algunos datos y esclarecer dudas. Lo demás es que la historia sea narrada claramente. Si este redactor no capta el mensaje, difícilmente pueda trasladarlo a los lectores. Muchas gracias.

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