Acuse de recibo
Qué de cosas se revelarían si existiera un «somatón» para detectar la incapacidad de prever, readecuar y flexibilizar de muchas entidades e instituciones, que sí son muy exigentes con la otra parte, pero muy lentas y omisas a la hora de ponerse en el lugar de aquella.
Pedro Monterrey Palacios (calle 29 número 1066, entre 28 y 30, municipio capitalino de Plaza de la Revolución) pudiera haber pensado así, cuando el pasado 26 de enero se personó en el Centro de Revisión Técnica Automotor de Ciudad de La Habana, sito en Rancho Boyeros, y popularmente conocido por El Somatón.
El remitente llegó allí con la intención de reservar turnos para inspeccionar vehículos de la entidad que él representa, de acuerdo con la Resolución 224 del 2001 del Ministerio de Transporte (MITRANS), que establece la obligatoriedad de esa revisión técnica en el caso del transporte estatal. Y lo solicitó porque la certificación actual ya caduca el próximo mes.
Tradicionalmente, las entidades estatales podían reservar los turnos dentro de la misma semana en que aspiraran a cumplir con la inspección. Pero esta vez le informaron que ya estaban dadas las reservaciones hasta el 31 de marzo, y las de abril se comenzarían a dar en febrero, en una fecha aún no determinada. Así, tendría que mantenerse en contacto telefónico con el centro.
La persona que le atendió allí muy amablemente, le informó que desde agosto de 2008 está rota y paralizada una de las dos plantas dedicadas a la inspección. Tampoco se conoce hasta cuándo será el contratiempo, pues «hay dificultades con el financiamiento».
Pedro razona: Con las dos plantas a plena capacidad, el servicio estaba siempre saturado, al punto de que no pocas veces se incumplía el programa semanal. Imaginemos ahora, con el 50 por ciento de las posibilidades, teóricamente hablando.
«Hasta ahora nadie se ha pronunciado públicamente —sostiene— acerca del cuello de botella formado, el cual provoca un elevado porcentaje de vehículos circulando ilegalmente, so pena de tener que paralizar el escaso parque automotor de que se dispone, con la consiguiente afectación a los servicios y a la economía en general».
A su vez, precisa, las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir lo dispuesto, continúan haciéndolo, con las consiguientes multas al infractor hasta de cien pesos. «¿Por qué razón —cuestiona— la Empresa de Administración Vial y Diagnóstico Automotor del MITRANS, a quien está subordinado dicho Centro de Revisión Técnica, no gestiona ante la autoridad competente una prórroga por determinado período de tiempo, en correspondencia con su capacidad de respuesta, para la validez de los actuales certificados? Evitaríamos caer en la ilógica ilegalidad».
No tiene momento fijo...Carlos Céspedes Leyva (Edificio 78, apartamento C-7, Manzanillo), es el secretario general del Buró Sindical del Instituto Politécnico de Informática (IPI) Rubén Bravo Álvarez, de esa ciudad granmense.
Y cuando un dirigente sindical escribe a esta columna para denunciar una violación laboral, es porque no ha llevado el asunto a sus máximas consecuencias por los canales correspondientes del movimiento obrero, o ya ha quemado las naves y viene de regreso, impotente. No explica cuál de las dos.
Lo cierto es que Carlos denuncia que allí «el cobro del salario se ha convertido en un dilema, producto de la reiterada violación del día de pago». Mes tras mes, por una causa u otra, se paga fuera de la fecha conveniada, provocando el lógico malestar de los trabajadores.
«El país está haciendo un gran esfuerzo por prestarles una mejor atención a los educadores, y con ello evitar la migración hacia otros sectores y buscar una mayor estabilidad, precisa. No es posible que por la irresponsabilidad de alguien se cree el disgusto en ese sector, tan priorizado por nuestra Revolución», sentencia Pedro.
El día de pago de una entidad a sus trabajadores es fijo en el mes. Y es un verdadero sacrilegio violar o postergar la fecha escogida. No hay pretextos que valgan cuando se trata del salario de un trabajador. Eso es sagrado.
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