¿Y la simplificación?

Una cosa son los carenciales problemas de vivienda en el país, y otra los trámites burocráticos que en torno a ella se hacen, con no pocos tormentos y dilaciones. Montañas de papeles de aquí para allá, y viajes interminables de un lado para otro. Lo de nunca acabar. ¿Adónde ha ido a parar la tan anunciada simplificación?

Eneida Santana (Calle 61 número 6201, Cienfuegos) ya sospecha que «un algo se interpone» y obstruye su derecho a donar a su sobrino y esposa la planta alta de su vivienda, la cual ellos construyeron y la habitan hace más de 15 años.

Después de una prolongada historia de trámites, al fin en 1995 le adjudican a Eneida, como propietaria, la vivienda que era de su padre. Y en la reconstrucción de la casa, auxiliada por su sobrino, se aprueba la ampliación en la planta alta en 1986-1987, precisamente para que este y su compañera pudieran vivir allí.

Luego vino el trámite de división por donación de la planta alta. Y por más de seis veces en todos estos años se le han hecho comprobaciones y mediciones. Los documentos llegan a la Dirección Municipal de Vivienda, transcurre un año sin respuesta y al final devuelven el expediente para ese trámite ya cancelado. Hay que confeccionar otro. Así sucesivamente.

«Todos los certificos y cartas quedan ahí invalidados —subraya—, y solo te dan la esperanza de que hay que comenzar de nuevo, lo que implica gasto de recursos y tiempo pero, sobre todo, maltrato».

Eneida nombró un abogado de Bufete, y ni así ha agilizado el proceso. Ella cuestiona: «¿Qué tiempo debo esperar para tener las propiedades independientes y concluir todo el exceso de trámites y papeles? ¿Quién es el que obstruye y demora este proceso?».

Pagando por error ajeno

Allá en calle K número 10, en la ciudad pesquera de Manzanillo, provincia de Granma, Pedro L. Reyes está pagando muy duro los errores ajenos, en su intención de adjudicarse la propiedad de la casa que era de su fallecida madre y donde siempre él ha vivido.

Todo parecía salir de perlas a Pedro, hasta que la notaria contratada detecta errores en la propiedad. Él tuvo que ir a Vivienda a subsanarlos y de una vez pagar el terreno de la casa. Lo cumple, pensando que todo sería expedito. ¿Expedito? Se fueron más de dos años llamando, visitando esas oficinas, hasta que se cansó y lo dejó por imposible...

Un día lo citaron para que recogiera todos los documentos, incluida la Resolución 272 de 2006, con los errores subsanados. Y como si fuera poco, en ese tiempo se extraviaron el croquis de la vivienda y el comprobante del pago del terreno (1 456,40 pesos).

Pedro realizó finalmente la gestión y solicitó a la Organización Nacional de Administración Tributaria un nuevo comprobante de pago, con los correspondientes gastos. Ya tenía todo en sus manos para recomenzar de nuevo. Fue a la Notaría y solicitó un certificado de los Actos de Última Voluntad. Le sugirieron que, como eso demora un tiempo, solicitara al Arquitecto de la Comunidad sus servicios, para actualizar el dictamen técnico, pues el mismo ya estaba vencido.

La sorpresa fue cuando le dijeron que debía pagar 140 pesos para que el arquitecto fuera a su casa a hacer el trabajo de nuevo. ¿Por qué, si el vencimiento no era culpa suya, sino de la institución? No quedó más remedio...

Al fin el arquitecto fue e hizo las mediciones. Le aseguró que en un mes todo estaría listo. Y cuando fue Pedro a recogerlo, no podía creerlo: ¡también venía con errores!

Tuvo que ir de nuevo a Vivienda, pues las medidas del terreno aparecían duplicadas. Tenía que apurarse, pues los Actos de Última Voluntad también tienen vencimiento como documentos. Contrató un abogado para solicitar las rectificaciones.

Casi a los tres meses, un telegrama le anunciaba que se presentara en el Bufete para recibir la Resolución emitida por la Vivienda. Allí fue. Y, para colmo, en el documento no aparecía rectificada la medición del terreno. Supuestamente, Pedro se había robado 270 metros cuadrados del mismo. (¡...!)

«El abogado, al cual le pagué para que ese error se aclarara, me dice que tengo que contratar de nuevo al arquitecto, porque ya él terminó su trabajo, refiere indignado. Usted podrá imaginarse la amargura e impotencia que he sufrido, sin contar con el dinero gastado.

«¿Por qué tengo que aceptar que me robé 270 metros cuadrados del terreno? ¿Por qué el arquitecto no acepta que se equivocó y es más fácil inculpar al cliente? ¿Por qué el abogado no reconoce que me estafó el dinero, porque todo quedó igual y no luchó por esclarecer el error?».

Ojalá que sí esta vez...

El pasado 10 de marzo reflejé aquí la angustia de Katia Eloísa Pérez, de Cristino Naranjo, municipio holguinero de Cacocum: ella tiene un hijo de 11 años con una insuficiencia renal crónica terminal, con nefrostomía en el riñón derecho. Y en enero de 2008 se dirigió a las autoridades de su municipio para que la priorizaran en el mejoramiento de su vivienda, que estaba en pésimo estado.

El tiempo pasó y no se cumplió lo acordado en el Gobierno municipal con el Director de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV). Llegó el huracán Ike en septiembre de 2008, y se les desplomó el cuarto donde vivían. Fue de nuevo al Gobierno, y allí se volvió a acordar, el 5 de noviembre de 2008, que su vivienda era prioridad uno. La obra se inició, pero, según Katia Eloísa, no se había hecho prácticamente nada cuando ella me escribió. Y nadie sabía dar respuesta de por qué.

Al respecto, responde Archy F. Lam, director de la Vivienda en la provincia de Holguín, quien destaca que de inmediato se visitó a Katia Eloísa y se hicieron las investigaciones correspondientes.

Debido al crítico estado de salud del niño, precisa, la dirección de la UMIV, de conjunto con el Consejo de la Administración Municipal, decidió que se ejecutara la obra por parte de la Unidad de Construcción de la Empresa Azucarera Cristino Naranjo.

«Se comenzó la construcción —refiere Lam—, pero esta no estaba dentro de sus prioridades. Por eso no se avanzó mucho. Luego del paso del huracán Ike se paralizaron todas las obras. Y ya en la actualidad se retomó la ejecución de esa vivienda. Se encuentra en orden toda su contratación legalmente establecida».

Agradezco la respuesta del Director y la voluntad expresa de cumplir esta vez el compromiso hecho con la afectada. Si sopesamos que era un caso excepcional, cuya urgencia estaba refrendada por las autoridades gubernamentales del territorio, es incomprensible que el mismo no fuera «prioridad» de la fuerza constructora. Evidentemente, a las autoridades de Cacocum se les fue de las manos el control de ese compromiso, por la sensibilidad que implica un niño en tales condiciones. Cada suceso deja una lección, como para no repetirlo.

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