Lo posible, entre tanto imposible

«El desplome de la confianza». Así califiqué, el pasado 29 de marzo, el calvario de Amalia O Reilly (Máximo Gómez 128, Sagua la Grande, Villa Clara): en julio de 2008 una brigada de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) demolió la sala y el comedor de la casa contigua, en peligro de derrumbe. Y dañó la vivienda de Amalia, al dejar descubierta la pared colindante, de madera. Con las lluvias, las tablas empezaron a podrirse y la pared se deterioró. El agua corría por su sala...

La delegada aseguró a Amalia que daría parte al Puesto de Mando. Tras esperar varias semanas, la afectada se dirigió a la UMIV. En ausencia de la directora, se entrevistó con otra funcionaria, quien le aseguró que no tenía conocimiento previo del asunto. A la semana siguiente, Amalia habló con la funcionaria de Atención a la Población de la UMIV, quien también «se desayunó» con el caso y lo anotó para elevarlo. Pero nunca descendió la respuesta...

Amalia persistió, hasta que se entrevistó con la directora de la UMIV, quien tampoco sabía nada del caso (¡...!). Al fin, a principios de diciembre de 2008 fue un técnico a su casa e hizo las mediciones. No obstante, le aclaró que ya debía esperar a enero de 2009, para el Plan de Conservación.

Y como si todo lo envolviera un sino fatídico, cuando Amalia escribiera en marzo, aún seguía con el daño y sin respuesta.

A propósito, responde Magalys Rodríguez, jefa del Departamento de Atención a la Población de la Dirección Provincial de la Vivienda en Villa Clara, quien confirma los hechos con la investigación realizada: «Se comprobó que la afectada informó a los funcionarios y dirigentes competentes tal situación, en busca de una solución... Sin embargo, no hubo un accionar inmediato y un tratamiento correcto al caso. La quejosa fue objeto de peloteo, y cada vez que se presentaba a exponer su situación en la UMIV... los funcionarios alegaban desconocimiento de la situación».

Precisa que visitaron a Amalia y se acordó asignarle algunos recursos para mejorar la pared afectada. Al no poseer ella los documentos de la vivienda en regla, no podía incluirse en el Plan de Conservación ni expedírsele una licencia de construcción que validara acciones de más envergadura. Se le orientó que legalizara la casa para hacerle la asignación necesaria.

Inicialmente le entregaron dos rollos de cartón de techo y 14 planchas de fibroasfalto, los que ya se encuentran puestos en la vivienda. Y Amalia estuvo conforme con la solución inicial «siempre que se cumpla con lo acordado en relación con el otorgamiento de la licencia para rehabilitar la pared».

Insiste Magalys en que hubo poca agilidad en la tramitación por parte de la funcionaria de Atención a la Población de la UMIV, por lo cual se le aplicó la medida de amonestación pública. Pero la sancionada no fue receptiva en tal sentido y solicitó su liberación de esa entidad.

También en el Consejo de Dirección Provincial se analizó el suceso, y tanto a la directora de la UMIV, como a la de la Vivienda municipal, se les hicieron los señalamientos pertinentes. También se tomaron medidas organizativas en la atención a la población, de manera que tanto la Dirección como los jefes de departamentos estén implicados permanentemente en ella y sigan los casos.

Agradezco, en nombre de Amalia y demás lectores, la atención autocrítica y sincera a estos sucesos. Pero mucho más agradeceríamos que no se repitieran, porque la morosidad e irresponsabilidad de un funcionario la paga muy caro el ciudadano, con incertidumbre y agravamiento de su problema.

A propósito... ¿Hasta cuándo las amonestaciones en casos de insensibilidad y desentendimiento, por incumplir lo que «se cae de la mata»? ¿No es bastante con la cantidad de problemas de hábitat que el país no puede resolver por carencia de recursos, para que al menos lo posible se haga a tiempo y con devoción?

Saldaron su deuda

«¿Por dónde le entra el dinero a Arístides?», preguntaba este redactor, al reflejar el pasado 26 de abril la denuncia del campesino Arístides Morales, del barrio rural Ranchuelo, en el municipio avileño de Chambas.

En síntesis: él y su hermano, miembros de la Cooperativa de Crédito y Servicios Camilo Cienfuegos, vendieron en junio de 2008 a Comunales de Morón 80 plantas de coco, ya paridas, a un costo de 5 600 pesos, para ser suministradas al Turismo. Pero cuando Arístides escribió, aún no le habían pagado el fruto de su trabajo.

El campesino aseguraba que se había quejado ante el Gobierno de Morón y Comunales en la provincia, pero todo había sido en vano. «Nadie sabe responder por la deuda que se tiene conmigo».

Ahora responde Osvel Díaz, director provincial de Servicios Comunales en Ciego de Ávila, quien señala que el pasado 6 de mayo visitó a Arístides una comisión, integrada por miembros del consejo de dirección provincial de esa institución y el director de la desintegrada Unidad Básica de Producción y Comercialización de Flores y Plantas Ornamentales, subordinada a esa dirección provincial, entidad que comprara las plantas a Arístides y su hermano.

«En la visita, consigna, se reflexionó con Arístides, pues si bien hubo morosidad en realizar el pago u ofrecer una respuesta convincente por parte del director de la mencionada Unidad Básica, ante quien sí se presentó en varias oportunidades; contrario a lo que expresa en la misiva enviada a la sección, no fue hasta después de publicada esta, que se presentó en la Dirección Provincial para plantear su queja».

Refiere Osvel que el propio día 6, antes de visitarlo, se realizó la transferencia del dinero; y se le ofrecieron disculpas, al tiempo que «se le explicaron las causas que ocasionaron tal negligencia, y las medidas administrativas aplicadas al responsable».

Informa que Arístides recibió su pago, «más este no compensa las molestias ocasionadas a él y a su familia durante su larga espera. La Dirección Provincial de Servicios Comunales tampoco puede sentirse satisfecha con la mera solución del problema, pues hechos como este no nos caracterizan, y mucho menos nos complace colaborar en tales informalidades con quienes, como nosotros, trabajan de sol a sol».

Reconozco la sinceridad y el compromiso que mueven la respuesta, no sin antes mostrar insatisfacción porque en la misma no se ventilan las razones de tanta morosidad para algo que, sin embargo, se resolvió de inmediato cuando se denunció aquí. Ni tampoco se precisan las «medidas administrativas» aplicadas al responsable del incumplimiento con Arístides.

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