Alcancías, no conductores

El cobro del pasaje mediante alcancía se irá extendiendo paulatinamente a todos los ómnibus urbanos de la capital, informó Mario Carabeo Corrales, director general de la Empresa de Ómnibus Urbanos de Ciudad de La Habana, en respuesta a la inquietud de la lectora Lianet García Rodríguez, reflejada aquí el pasado 22 de mayo.

Refiere Carabeo que ese sistema se ha ido completando en las terminales que han recibido ómnibus nuevos, y asegura que es más efectivo, pues elimina la captación del dinero mediante cobradores. Y precisa que en el caso de las rutas que aún llevan conductores, se seguirán controlando, hasta tanto se concluya la instalación de las alcancías en los mismos.

El director general insiste en que la población debe contribuir al nuevo sistema de cobro del pasaje, en alusión evidente a quienes evaden ese deber social, aprovechando que en los articulados no existen alcancías en las puertas traseras.

Esta columna más de una vez reflejó el rechazo popular contra los manejos de algunos conductores, que no daban el vuelto y se apropiaban del dinero de los viajeros; así como de la renuencia, en muchos casos, a entregar el boletín.

Con más razón, quienes antes se quejaban de la apropiación ilícita de dinero por parte de conductores, ahora están obligados a pagar su pasaje en la alcancía. De lo contrario, están cayendo en la misma culpa: apropiarse de lo que no les pertenece. «Robar», así, gratuitamente, un servicio por el cual tienen la obligación de pagar.

¿Por qué no?

Hay negativas que son absolutamente cuestionables, hasta tanto no se demuestre su argumentación. Esas razones son las que esperan Alberto R. Pérez y otros vecinos del Pasaje Rafeca sin número, entre San Martín y Amenidad, en el municipio capitalino de Cerro.

Cuenta Alberto que estas personas, damnificadas de los derrumbes de dos edificios de la calle Belascoaín, en diciembre de 2007 fueron ubicadas en ese edificio donde hoy residen, que fue habilitado. El mismo contaba ya con servicios de agua, electricidad y alcantarillado; pero no así de gas manufacturado, propio de esa zona. Hace más de un año y ocho meses que esos vecinos viven una odisea para cocinar sus alimentos: Por un lado no hay gas, y por el otro tampoco les vendieron un módulo eléctrico de cocción.

A inicios de diciembre de 2007, Alberto fue a la Empresa de Gas Manufacturado del Cerro, y allí la recepcionista le explicó que para instalar ese servicio tenía que autorizarlo el Gobierno municipal. Fue al Gobierno municipal, y allí la funcionaria de Atención a la Población le sugirió que llamara a principios o mediados de enero.

De estas gestiones se le informó al delegado de la circunscripción, quien hizo a su vez gestiones con la directora de la OFICODA municipal, quien afirmó que lo único a su alcance era ofertarles queroseno para cocinar.

Luego, en conciliación con la directora de Gas Manufacturado, acordaron que un especialista de dicha empresa hiciera una inspección al edificio. Así lo hizo, y certificó que el mismo tenía los requisitos para la instalación del servicio. Además, existían varias tomas de gas cercanas al inmueble. Otro asunto a considerar era si la empresa tenía las tuberías y uniones universales para la instalación.

A los dos meses, fue allí otro especialista, quien, aparte de refrendar lo anterior, dijo que había que sacar una toma directa de la Calzada de Infanta, a unos 50 metros más o menos.

Los vecinos seguían careciendo del gas. En noviembre de 2008, Alberto y otros residentes se entrevistaron con la directora de Gas Manufacturado en el Cerro, quien les dijo que de las tomas más cercanas no se podía conectar el gas, pues eran entidades estatales, que ellos buscaran otras opciones cercanas, pues iba a mandar un especialista la semana entrante. Ese nunca llegó.

A inicios de marzo de 2009, el inspector de Vivienda del Cerro que atiende lo del combustible, fue allí para definir lo del modo de cocción de los vecinos. Y precisó que el inmueble presentaba condiciones para el gas. Esa misma tarde él tenía una reunión con la directora de Gas Manufacturado, por lo cual le entregaría el dictamen por escrito.

El 27 de abril de 2009, Alberto y otro vecino se entrevistaron con la Comercial de la empresa, y esta le reiteró que de las instituciones estatales no se podían alimentar las zonas residenciales. Y de las residenciales cercanas no se podía, pues había que picar la calle. Final del cuento: no tenía solución para ellos.

«A pesar del tiempo transcurrido de peloteos y engaños, nos preguntamos a quiénes, a qué nivel, les toca atender y darle solución al problema. Confiamos en un oído receptivo para dejar atrás tantas incomprensiones», manifiesta Alberto.

Sacudidas al pudor

Miguel A. Ortega (San Ignacio 316, apartamento 18, La Habana Vieja) es un sensor —y censor— de las manchas que nos afean. Hace un tiempo abogaba aquí por el respeto a los monumentos, y ahora trae un asunto no menos controvertido.

Miguel se alarma por la tendencia entronizada en algunos de orinar en la calle, a como sea; algo impensable antes en La Habana; sin embargo, «es común ver en nuestras calles a personas de cualquier edad, a cualquier hora, descaradamente orinando recostadas a cualquier depósito de basura o recodo de acera. Y no lo he visto una vez. Es una escena que desvergonzadamente se repite. Caminemos por las calles para que el hedor a orina nos golpee», asevera.

Afirma que el pasado 25 de junio tomó un ómnibus P 15 y se paró frente a la tercera puerta. «Era insoportable el olor a orine, precisa, así como lo es en los portales de la Colección de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. Sé que este hecho está sancionado, con una multa de 60 pesos. Pero... ¿quién se ocupa de que esto no ocurra? Desafortunadamente, hay una impunidad dolorosa ante lo mal hecho. Y no olvidemos que la impunidad es el caldo de cultivo de la delincuencia mayor...».

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