Un alerta, por derecho propio

La felicidad de unos no puede convertirse en un calvario para otros, advierte Catalina Sollet Ferreira, vecina de Rolando Gómez número 9, entre Moncada y Ramón López Peña, en la ciudad de Baracoa, provincia de Guantánamo.

Cuenta ella que en los años 60 del pasado siglo se construyó una fosa en su casa. Y entonces, por la amistad con los vecinos, su padre permitió la conexión de la casa de estos a la misma. Todo fue muy bien hasta que en 2008 se demolió la vivienda colindante para construir una edificación triplanta, y ofrecer casa a dos familias damnificadas por el mar de leva de marzo de ese año.

Al inicio de la obra, Catalina preguntó al jefe de la misma adónde iría la descarga de albañales, y este le respondió que a su fosa. Posteriormente, la directora de la Empresa Constructora Integral 6, que asume los trabajos, le aseguró que la fosa de ella no sería utilizada para el edificio.

Pero las palabras se las lleva el viento. Cuando Catalina me escribió el 18 de junio, ya la obra estaba prácticamente para entregar y ella y su esposo habían gestionado con numerosos organismos y entidades. El 23 de mayo visitó la obra y la vivienda de Catalina una comisión integrada por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, Planificación Física e Higiene y Epidemiología.

El 29 de mayo, Higiene y Epidemiología mandó a detener los trabajos hasta tanto se definiera lo de la fosa de marras. Y lo hizo tomando en consideración lo que preocupa a Catalina: de darle el espaldarazo al propósito, luego crecería notablemente el vertimiento por encima de las capacidades, y se desbordaría. No obstante, los constructores hicieron caso omiso e instalaron la tubería hacia la fosa de su casa.

«Considero que tal proceder es una agresión hacia mis derechos como propietaria, enfatiza ella. Que quede claro que sobra espacio en el área donde se levanta la edificación para construir la fosa que el triplantas demanda».

Catalina denuncia que ni siquiera la consultaron, y luego desoyeron tanto sus argumentos como los de especialistas calificados. «No entiendo que por irresponsabilidad, un gesto tan humano como devolver un hogar a quienes perdieron toda la felicidad se convierta para mí en un calvario», precisa.

¿Resarcimiento o impunidad?

La historia de Clara Ibis Hernández (Maceo 228, entre Aranguren y san Sebastián, Guanabacoa, Ciudad de La Habana), puede ser la de muchas personas que han sido víctimas de delitos y otros quebrantamientos de la ley, y no ven cumplirse el resarcimiento de los comisores, dispuesto en los fallos de los Tribunales.

Relata Clara Ibis que hace más de tres años le estafaron 7 200 pesos. Y juicios tras juicios, los tribunales hicieron justicia a su favor. En la sentencia se dispuso que el comisor debía resarcir a la víctima una suma determinada.

Desde el 7 de noviembre de 2006, ella está llamando a la Caja de Resarcimiento, la entidad que canaliza ese acto de desagravio. Son muy amables con ella, le explican, pero no acaba de fluir el dinero. Al deudor se le han hecho ya 12 requerimientos de pago, y nada sucede... «El deudor no trabaja, no está preso y no cumple con las leyes tampoco. Y la afectada sigo siendo yo», refiere.

Clara Ibis labora en una bodega, y atiende a sus hijos de 12 y cuatro años. Su esposo es albañil y ya lleva más de un mes con una parálisis facial. «¿Hasta cuándo debo seguir, esperando?», pregunta.

Lo más preocupante es que son muchos los casos como este. Como si fuera poco haber sido la víctima de un transgresor de las leyes, luego el ciudadano se enrola en un proceso desgastante para que se hagan cumplir los fallos de los tribunales.

Y es sumamente peligroso, en términos del respeto a las leyes y de la responsabilidad de los comisores, que quien delinque o perjudique a otro pueda impunemente desentenderse del desagravio financiero que se le exige. ¿No hay formas de obligar a los deudores?

Sería muy ilustrativo que la Caja de Resarcimiento explicara por qué quienes transgreden y perjudican al prójimo, pueden dejar de cumplir con esos fallos de los tribunales.

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