Los candados de la ilegalidad

Las ilegalidades que matizan la convivencia entre vecinos y la impunidad con que ciertos ciudadanos se apoderan y disponen de espacios colectivos y comunes, a contrapelo de los fallos de los Tribunales, son serios problemas que están afectando la vida de las comunidades.

El pasado 20 de septiembre reseñé aquí la denuncia de María de las Nieves Vázquez, vecina de Conrado Benítez No. 11, apartamento B, en San Cristóbal, provincia de Pinar del Río.

En el biplanta de cuatro apartamentos donde reside, los inquilinos de una de las viviendas de la planta baja habían bloqueado el  acceso a las áreas comunes con un candado, e impedían que los restantes vecinos reprodujeran las llaves.

En octubre de 2004, los afectados reclamaron a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) y esta reconoció sus derechos. Así comenzó un litigio entre ambas partes, que concluyó en el Tribunal Supremo Popular (TSP), el cual ordenó al Tribunal Provincial conocer del asunto. Este último confirmó el 28 de junio de 2006 la Resolución de la DMV.

«Lo penoso —remachaba este redactor entonces— es que no se ha cumplido. Y no sucede nada: sigue el candado allí y siguen otros candados que entorpecen el fallo de la justicia».

Al respecto, responde el Licenciado Pablo Véliz Reina, director de Vivienda en la provincia de Pinar del Río, quien señala que él y otros miembros del Consejo de Dirección de esa entidad visitaron el municipio para esclarecer los hechos y restablecer el orden y la legalidad, «obviamente quebrantada».

Confirma Véliz la razón de la queja, y recalca «la demora e ineptitud de nuestra institución municipal, para hacer cumplir la Resolución, y el hecho de que no se actuara con la suficiente energía e imparcialidad contra otras numerosas ilegalidades que en ese biplanta existen y fueron detectadas por nuestros funcionarios».

Se abrió un expediente de ejecución contra las violaciones detectadas: la eliminación de las rejas y candados que impedían el acceso de los vecinos de la segunda planta a las áreas comunes del inmueble; la demolición de seis metros cuadrados de garaje construido de forma ilegal, que limitaba las áreas comunes, y de una placa de 24 metros cuadrados, construida por la propia María de las Nieves, que también afectaba el área colectiva.

El expediente también ordena la demolición de un cuarto de desahogo y un aviario en el techo del edificio, que afectan la cubierta del mismo, así como de una estructura de siete metros cuadrados con fibras de asbestocemento, que también limitaba el área común. Además, se abrió un proceso legal de cancelación de una resolución de derecho perpetuo de superficie, que erróneamente adjudica una franja de terreno del área común.

«Las acciones para restablecer la legalidad y el orden y favorecer la concordia —manifiesta el directivo— fue necesario asumirlas por nuestro Grupo de Enfrentamiento en el territorio, haciéndose las acciones de demolición estatalmente a las construcciones ilegales anteriormente descritas, pues no todos los vecinos mostraron voluntad de subordinarse a la Ley y resolver los problemas que ellos mismos crearon».

Señala Véliz que la Vivienda trabaja en un programa para declarar Edificios de Referencia a inmuebles que deberá llevar a su estado original. El objetivo es crear un habitat adecuado, eliminar todo tipo de ilegalidades, velar por el respeto a las áreas comunes y el funcionamiento óptimo de las juntas de administración de vecinos.

Agradezco la respuesta, aunque al final uno se pregunta por qué antes de publicarse aquí la historia no se demostró en todos esos años, por la Dirección Municipal de la Vivienda de San Cristóbal, esa voluntad de hacer cumplir la legalidad y los fallos de los tribunales.

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