Acuse de recibo
Con ese desparpajo e irrespeto del título han llegado a responderle, cuando Arturo Estrada reclama a los choferes de la piquera de boteros que desborda el frente de su casa, en calle Saco 420, esquina a Pedro Batista, reparto Olivé, en la legendaria ciudad de Bayamo.
La situación es insostenible: «Desde hace más de 30 años —subraya el remitente— estamos soportando diariamente, desde la madrugada hasta la noche, escándalos, malas palabras, ofensas, faltas de respeto, deterioro de repellos y pintura de la vivienda y puertas». No solo son los choferes, sino los voceadores de los autos y los propios pasajeros. No se puede vivir en paz allí».
La situación se ha agravado desde que cambiaron los motores de los carros por los de petróleo. Estos, al arrancar, saturan de un humo desagradable, que entra por puertas y ventanas.
Asegura Arturo que llevan años gestionando una solución ante la Dirección de Transporte, el Gobierno municipal y otras autoridades. Lo plantean en las asambleas de rendición de cuenta. Y es como si nada: «Solo hemos recibido promesas de “vamos a ver qué se hace”. Pasan los años y todo sigue igual», subraya.
«¿Adónde tendremos que irnos para vivir tranquilos?», cuestiona Arturo.
Uno se pregunta por qué las autoridades correspondientes, las cuales deben proteger al ciudadano y velar porque la paz y el respeto prevalezcan en los sitios públicos, evaden sus responsabilidades en tal sentido y dejan huérfano al doliente. ¿Hasta cuándo los transgresores van a infringir las normas de convivencia sin el freno necesario? ¿Por qué no se estudia con más rigor el sitio donde se instalan las piqueras, un tema ya recurrente en esta sección?
A veces percibo que el ciudadano se queda solo con su drama, y aunque mueva cielo y tierra, no puede zafar los nudos del desinterés y la incomprensión. En casos como este, la molestia y el disgusto de una familia no figura en algunas agendas institucionales.
Es un problema de sensibilidad. En momentos en que el país pretende elevar la institucionalización, el orden y la disciplina extraviados, resulta contraproducente que ciertas instituciones no tomen partido ante un caso de evidente agresión a la paz de una familia.
Hay historias de trámites de permutas en las direcciones de Vivienda que revelan las torpes costuras de la desorganización y el imperdonable descuido. Es ante esos casos cuando uno se pregunta por dónde anda aquella «agilización» tan repetida en años atrás en las gestiones públicas.
María Teresa Mesa (calle 33, Nro. 2102, entre 210 y 212, edificio 1.12, apto. 13, Versalles-La Coronela, La Lisa, Ciudad de La Habana) inició el 18 de diciembre de 2009 las gestiones para permutar en la Dirección Municipal de la Vivienda en La Lisa.
El trámite debió concluir en 20 días hábiles. Y por error de la abogada de guardia, apunta, no le fue concedido el «certifico» en el tiempo establecido. El 16 de febrero, cuando me escribiera, aún aguardaba por el mismo.
María Teresa ha ido unas veces a Vivienda y otras ha llamado por teléfono, para averiguar en qué escalón está su solicitud de permuta. «Y no pueden responderme —asegura— porque no se sabe en manos de quién está».
Según ella ha observado, «no existe una coordinación adecuada en el seguimiento de esos trámites. La persona que los inicia no es quien continúa el proceso. Y nadie puede dar una información adecuada».
La lectora lanza una pregunta con toda la lógica del mundo: «¿No sería menos engorroso y más organizado, si hubiera una persona capaz de responder por el trámite completo, sin que el solicitante tenga que acudir a la institución una y otra vez, sin recibir una respuesta convincente?».
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