El plazo expira a los 90 días

La Empresa Azucarera Abel Santamaría, de Encrucijada, Villa Clara, está emplazada a resolver en 90 días los problemas de seguridad y protección del trabajo que acumula, denunciados aquí el pasado 14 de marzo por Marisol González, técnica de Seguridad y Salud del Trabajo de esa industria.

Entonces, Marisol describía la crítica situación del techo, afectado en un 90 por ciento de su área; las estructuras, vigas y angulares podridos, y sueltas las planchas. Todo ello provoca que llueva adentro, y el peligro de que se mojen las pizarras de distribución eléctrica. Las bandejas de los cables en mal estado, motores eléctricos conectados directamente a corriente de 440 voltios, por no existir medios de protección para ellos; motores sin tapacetes…

El inventario de infracciones incluía el hecho de que los trabajadores eléctricos laboraran prácticamente a ciegas, sin medios de medición de la corriente. También el taller de maquinado estaba expuesto a sol y agua, pues no tenía laterales. Pisos desconchados…

Afirmaba Marisol que entre el 8 y el 12 de febrero una fiscalización de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (ONIT) en la citada fábrica, detectó dichas violaciones, y ello generó multas y medidas disciplinarias para directivos y técnicos de la entidad.

Pero lo más preocupante para Marisol era que todos esos problemas los habían alertado los propios trabajadores, eran de conocimiento de la dirección de la empresa y del Grupo empresarial azucarero y el sindicato. Y, sin embargo, no se resolvían.

Al respecto, responde José Manuel Cadalso, director general de la Empresa Azucarera Abel Santamaría, quien reconoce que la reciente inspección de la ONIT les dejó un inventario de deficiencias que deben erradicar en un plazo de 90 días.

Acto seguido, Cadalso habla del proceso inversionista que registra el central para elevar su eficiencia y mejorar las condiciones de trabajo: la electrificación del tándem, la construcción de una caldera nueva, la reconstrucción de los baños sanitarios, el completamiento de los cascos protectores y otros medios de protección individual para los trabajadores, y la terminación de los cuartos de control para la instalación del primer nivel de automatización de la fábrica.

Pero, como él mismo señala en carta fechada el pasado 15 de marzo, los techos de la industria han sufrido un deterioro que no han podido resolver, pues la prioridad, con los medios disponibles, ha sido para áreas como el taller de maquinado, la caldera nueva y mejoramiento de otras. A ello se le adiciona el desmontaje y traslado a la empresa de elementos para reconstruir las estructuras del basculador y tándem que están afectadas y exigen reparación. También se prioriza la solución al lateral del taller, a partir de la recuperación de planchas.

Admite, entre otros problemas, los riesgos eléctricos a que alude Marisol. Y reconoce que no están totalmente resueltos, aunque empiezan a tener solución a partir de componentes, protecciones breakers, tapacetes y magnéticos recibidos y por recibir de centrales ya paralizados. Se gestionan medios de medición. «No obstante, refiere, los trabajadores y la dirección de la fábrica están instruidos para la paralización inmediata, ante la ocurrencia de lluvias o fenómenos de ese tipo que puedan poner en riesgo la vida de los trabajadores».

Agradezco la respuesta del director general, aun cuando no se refiere, como esbozara Marisol, a qué medidas disciplinarias se aplicaron y a quiénes, y qué multas se impusieron. Tampoco esclarece por qué si los propios trabajadores alertaban de ello, y los riesgos se reforzaban, no aparecía solución. ¿Había que esperarla de arriba? ¿Había que hacer la zafra a ultranza de esos impedimentos? ¿No se podía alertar, a su vez, hacia quienes debían tomar decisiones? ¿Por qué a tiempo no se agilizó la búsqueda de soluciones, a partir de componentes de centrales ya paralizados por la reestructuración azucarera?

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