Acuse de recibo
Treinta de julio, 9 y 30 de la mañana: En el Banco Popular de Ahorro del poblado santiaguero El Caney, Gumersinda Díaz pretende hacer una transacción a su esposo, quien cumple una misión profesional en Venezuela.
Se respira indisciplina. La cola está desorganizada y se habla en voz alta. Personas en chancletas y vestidas de forma inadecuada entran y salen a cambiar menudo constantemente, y retrasan el servicio. Para colmo, cerca de la cajera hay más de tres personas de pie. Adónde fue a parar el impecable y elegante ambiente que caracterizaba a un Banco, piensa Gumersinda. Y comenta a otro cliente que aquello debía estar mejor organizado, como en otros bancos de Santiago de Cuba.
El custodio del salón, de forma bastante violenta, y casi manoteando, la interpela: «Yo organizo la cola como me da la gana». Gumersinda le exige respeto, y que no debe expresarse así. Pero el custodio continúa con sus improperios…
Gumersinda siente que su corazón va a estallar y sufre falta de aire. Ella, que es profesora, no concibe cómo quien debe velar por la disciplina y la protección de un Banco pueda ser tan violento y poco profesional, como para atacar así a una dama. Lo más triste es que, entre el personal del Banco, una sola empleada le llama la atención al custodio para que se calle…
Allá en su casa, en calle 2da. Nro. 45, reparto Las Flores, en El Caney, Gumersinda merece un desagravio y una respuesta, por tantas «frutas» amargas.
Es suficiente lo que ha pasado Iván Díaz de Acevedo, para que tenga que esperar tanto por que se le haga justicia y se le restablezcan sus derechos.
Iván ha vivido por más de diez años en Monasterio 160, apto. 3, entre Peñón y Manila, municipio capitalino del Cerro. Y el 16 de marzo de 2007 la Dirección Municipal de la Vivienda lo extrajo del inmueble, con el argumento de que no tenía derecho a ella, a raíz de que su hermano de crianza abandonara el país.
El afectado comenzó un litigio que concluyó con la sentencia 1194 del 8 de diciembre de 2008 del Tribunal Supremo, el cual falló a su favor. Y el caso se sometió a al Consejo de la Administración Municipal (CAM) en octubre de 2009: La presidenta del CAM le planteó entonces que, acorde con su núcleo familiar (él y su esposa), le iban a entregar un apartamento. Tal dictamen llega a la Dirección Municipal de la Vivienda el 20 de enero de 2010. Y, sin embargo, él no ha recibido respuesta alguna.
«Considero que la presidenta del CAM cumplió con su trabajo, pero lo que no entiendo es que la Dirección Municipal de la Vivienda no cumpla lo que se dictó hace siete meses, semana tras semana. Mi situación es cada vez más engorrosa. Por favor, que acabe esta agonía», concluye.
El pasado 16 de julio, el lector Eduardo Luis Álvarez, residente en Sibanicú, Camagüey, sugería que cuando la Empresa Eléctrica vaya a hacer trabajos de mantenimiento y reparación planificados, informe por distintas vías a los clientes de esa zona, para que no los coja desprevenidos. Y tal reclamo cobra especial significación en regiones y provincias del país donde es mayoritaria la cocción de alimentos con hornillas eléctricas.
Al respecto, responde Ermidelio Isada, director general de la Empresa Eléctrica Camagüey, quien da la razón al lector. Precisa que en la radioemisora provincial se informan esas afectaciones en la ciudad cabecera; y en las municipales, las afectaciones de esos territorios. Pero Sibanicú no posee de estas últimas. Mas reconoce que pueden hacerse gestiones para incluir los avisos en la emisora provincial y también con otras formas más convencionales en los propios lugares.
Agradece la sugerencia y asegura que garantizarán que fluya la información, y que cada familia de Sibanicú pueda conocer esas incidencias planificadas.
Sería saludable que la Unión Eléctrica orientara el mismo compromiso, y lo hiciera cumplir, en cada Empresa Eléctrica del país.
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