Acuse de recibo
«Lo último que debemos perder es la memoria», dice Santiago Pérez, desde calle 20 No. 311, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución. Y le asiste toda la razón, por la denuncia que hace, a partir de un viaje que hizo al barrio Pueblo Viejo, en Chaparra, municipio tunero de Jesús Menéndez.
Cuenta Santiago que una de las figuras históricas más venerables en ese territorio es el combatiente revolucionario Melton Almaguer Pérez, un activo luchador contra la tiranía batistiana que con solo 19 años, cuando muchos comienzan a descubrir la vida, fue capturado y torturado hasta la muerte por los sicarios, sin que revelara nada de sus compañeros.
Santiago cuenta que luego del triunfo revolucionario, se le levantó un modesto monumento a ese joven irreductible, en el justo sitio donde lo capturaron. Pero aquel sitial, precisa él, se ha convertido en algo lamentable pues no se le presta atención.
Allí, cuenta el testimoniante, en una de las tres palmas reales que se sembraron en su honor, hay un aro de baloncesto en torno al cual juegan niños y jóvenes que ni reparan en quien fue Melton. La cerca perimetral ya no existe. Y lo más triste es que el busto del mártir desapareció, y de noche aquel sitio es espacio de cita de amantes acalorados.
Asegura Santiago que, en tres visitas realizadas a esa localidad, ha abordado esa vergüenza local con las autoridades del municipio, y siempre le han dicho que tal asunto se va a resolver. Pero allí sigue el monumento al abandono y la amnesia. Como si no viviéramos de nuestros magnánimos idos.
Esta es la historia, como muchas, del dejar hacer y la impunidad. Y la cuenta Armando Gutiérrez, desde el edificio sito en calle 21 No. 62, entre M y N, el Vedado.
Cuenta Armando que en ese inmueble, la vecina residente en la azotea decidió acometer la ampliación de un cuarto. Y se alzaron muros sin reparar en que no apoyaban la carga. «Se violaron las regulaciones urbanas y no se contó con los vecinos del edificio».
Como era de esperar, las cargas mal distribuidas comenzaron a afectar el techo del edificio. Y los desprendimientos se sucedieron. La ampliación en la azotea provocó un movimiento flector, y ya ha resquebrajado una columna y un arquitrabe del edificio.
Los dictámenes técnicos de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) y demás instituciones, precisa, desaprobaron tal construcción desde un inicio, pero la ejecutora de tal ampliación presentaba un supuesto permiso de construcción otorgado (¿?).
Entonces tuvieron que llevar a cabo un largo proceso en los tribunales municipal y provincial. En 2003, el Tibunal Provincial ordenó la demolición de la obra dañina. Y hace siete años que esos vecinos naufragan, de carta en carta, de reclamación en reclamación, para lograr la ejecución de la sentencia del tribunal.
Asegura Armando que ha habido más de diez fechas para ejecutar la demolición, pero siempre aparece un problema de coordinación entre quienes han de realizarla y obliga a posponerla.
Según le consta a él, la Comisión de Enfrentamiento a la Ilegalidad ha trabajado por cumplir la sentencia. Y en tal sentido a él se le exigió nuevos dictámenes del arquitecto de la comunidad y la UMIV para realizar la demolición. Pero así sigue todo detenido hace más de un año, mientras el techo sigue desplomándose y las columnas del inmueble deteriorándose.
En la última planificación de la demolición, el Tribunal —en la carta no se precisa a qué nivel— citó a las partes e hizo las advertencias necesarias. Y en la fecha prevista, excepto los jueces del Tribunal, no se personó nadie más.
¿Qué sucedería si los vecinos perjudicados decidimos ejecutar la sentencia con los medios a nuestro alcance?, se pregunta Armando. Y este redactor se cuestiona hasta dónde se van a desconocer los fallos de los tribunales, y se va a seguir lapidando la legalidad del país.
