Acuse de recibo
«EL autoritarismo no da autoridad», sentenciaba el pasado 9 de septiembre, al comentar lo sufrido por Tomás Rondón, un productor de leche de la localidad santiaguera de Contramaestre: entonces, recién operado de la vista, vio irrumpir sin permiso alguno en la sala de su vivienda, como sombras chinescas, a dos trabajadores de la lucha antivectorial contra el mosquito Aedes aegypti.
Uno de ellos se dirigió como Pedro por su casa al patio, donde Tomás guarda sus caballos. Y le anunció que le impondría una multa grande. Lo conminó a que «se pusieran de acuerdo». Tomás le explicó que él pagaba a una persona para que mantuviera limpio el corral. Y el inspector le dijo que eso a él no le importaba. La multa iba.
Tomás le solicitó que abandonara su casa, pero el de la campaña se negó. Y cuando concluyó, fue directo a la estación de Policía y adujo que Tomás lo había amenazado y agredido, lo cual este desmintió.
El productor de leche, que ya ha sufrido tres infartos, comenzó a sentirse mal, y tuvo que ser atendido en el policlínico. Y el inspector le había impuesto a Tomás una multa de 150 pesos sin la presencia física de este: se la dejó con un agente de la Policía.
Al respecto, responde el doctor Jorge A. Miranda, director de Salud en la provincia de Santiago de Cuba, quien afirma que se constituyó una comisión con funcionarios de Salud, la cual hizo la investigación correspondiente, con entrevistas al promovente, vecinos, factores de la comunidad, a los dos trabajadores de la campaña, al jefe del área de Vectores del policlínico, y a un testigo presente en la morada de Tomás al momento de los hechos.
Se concluyó que «existió violación técnica en la forma en que se realizó la visita y el recorrido de inspección en la vivienda; independientemente de que existiera o no el elemento real de la falta de higiene del corral —lo que no se pudo comprobar por llegar la queja después de realizada la inspección—, la multa no fue aplicada con la metodología establecida».
Afirma Miranda que en las entrevistas realizadas en la comunidad no se pudieron comprobar otras inquietudes referidas por Tomás; y se conoció que en la historia de trabajo de los compañeros de Vectores de la zona, nunca habían existido dificultades en el comportamiento y la forma con que realizan su labor.
Finalmente se decidió aplicarle a Isbel Pinel, jefe de la Brigada de Vectores y protagonista de los hechos, «la revocación de su nombramiento para el referido cargo, por las violaciones técnicas en que incurrió y la pérdida de idoneidad para desempeñar el mismo, pasando a laborar como operario…».
No obstante, reconoce que el colectivo de la Campaña de Control y Lucha Antivectorial del Policlínico América II, al cual pertenecen esos trabajadores, goza de prestigio por sus resultados. «Pero a pesar de ello, manifiesta, y con el firme propósito educativo y formativo, se discutió el artículo de Juventud Rebelde con ese colectivo y se reflexionó para que no se repitan hechos como estos, que empañan la imagen de un grupo de trabajadores».
Tania Martínez (calle San Jerónimo Final, la Esperanza, Villa Clara) cuenta que en el 2001, felizmente se entregaron viviendas a varias familias damnificadas por huracanes. Y se mudaron antes de que instalaran el servicio eléctrico, pues varios eran casos sociales, con problemas de enfermedad.
Un buen día comenzó la instalación de postes y tendidos eléctricos. El caserío fue electrificado, pero quedaron cuatro viviendas pendientes, entre ellas la de Tania. Les alegaron que continuarían los trabajos en los próximos días, y decidieron esperar confiados.
Así pasaron días, semanas, meses y años de quejas, reclamaciones, lágrimas de impotencia ante el delegado de la circunscripción, el presidente del Consejo Popular y el director de la Organización Básica Eléctrica en Ranchuelo. Y nada. Hace un año llevaron cuatro postes para el tendido eléctrico, y los dejaron tirados allí, sin darles una explicación. «¿Hasta cuándo tendremos que esperar?», cuestiona Tania con razonable indignación.
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