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¿Economía versus salud?

Un viejo litigio, sin solución hasta ahora, tienen los vecinos del edificio sito en Calle A No. 19616, entre Rancho Boyeros y Línea del ferrocarril, en el Consejo Popular Armada, del municipio capitalino de Cerro.

Santiago López escribe en nombre de la comunidad para denunciar que la contigua fábrica Antonio Maceo, de la empresa Autopartes, perteneciente al Grupo Corporativo UNECAMOTO, del Ministerio de la Industria Sideromecánica (SIME), instalada entre dos edificios de vivienda a solo un metro de cada uno de ellos, hace años que genera serios impactos medioambientales sobre los vecinos.

Precisa Santiago que las maquinarias generan un alto nivel de ruido que molesta al vecindario. Las prensas hidráulicas provocan fuertes vibraciones que han dañado esas edificaciones. Al taladrarse las bandas de frenos se genera un polvo que contiene asbesto. Y este, al no ser absorbido totalmente por los filtros de la industria, invade los hogares de los moradores.

Aclara el lector que la fábrica se instaló allí en 1974, mucho después de los vecinos, que residen desde los años 60. Y desde entonces siempre han existido quejas al respecto.

En el 2005, mediante la delegada del Poder Popular, se hicieron reclamaciones directamente a Autopartes, y el entonces director de esa empresa respondió que reconocía las molestias, pero la fábrica era muy importante para la economía del país. De paso, aseguraba que el polvo que contiene asbesto no dañaba la salud humana.

En 2008, una vecina reiteró la queja a otras instancias y luego de una investigación promovida, Autopartes reconoció nuevamente las molestias causadas al vecindario, reiteraron que el polvo con asbesto no daña la salud humana y afirmaron que no eran responsables de resolver dicho problema.

En 2010, la delegada del Poder Popular citó personalmente a la Directora de la fábrica para que participara en la reunión de rendición de cuenta del 15 de octubre. Se trataba de una solicitud de los electores de que la dirección de la fábrica respondiera sus quejas al respecto. La respuesta de la Directora, precisa Santiago, fue: «…reconocemos las molestias causadas a los vecinos, pero esta fábrica es muy importante para la economía del país, y además tiene todos los permisos actualizados de los organismos correspondientes: Dirección Provincial de Planificación Física; Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Agencia de Protección contra Incendios; Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Y el asbesto incluido en las bandas de freno no daña la salud humana».

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, Santiago y el resto de los vecinos requieren que el Instituto Nacional de Planificación Física les responda a cuáles de sus departamentos se pueden dirigir, si ellos mismos autorizaron. E inquieren más:

«¿A qué departamento del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente nos pudiéramos remitir, si fue la Delegación Provincial del CITMA la que autorizó la licencia ambiental? ¿A qué departamento del Ministerio de Salud Pública pudiéramos acudir, si al Director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología se le entregó personalmente una carta de nuestra delegada —con fecha 19 de julio de 2010—, recibida y firmada por él mismo, prometiendo una respuesta en el término de 60 días? Ha pasado mucho tiempo y aún continuamos sin respuesta.

«¿A cuál departamento del Ministerio de la Industria Sideromecánica deberíamos dirigirnos, si ellos saben y reconocen que el polvo contiene asbesto, además de que las fuertes vibraciones y el ruido dañan y molestan a los vecinos?».

Abogamos por que se busque solución definitiva al conflicto. Ya es bastante lo que han soportado los vecinos, sin percibir la luz de la rectificación, a pesar de todas sus gestiones.

Pero nunca el desenlace podría ser la amañada excusa de que la fábrica tiene gran importancia para el país. La economía debe ser sustentable y no puede estar por encima de la salud de los seres humanos. Ese es un principio inviolable de nuestra sociedad.

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