Dos tragedias en una

Miguel A. Samón, Vivian C. Grajales y Addys Aguilar son parias en sus propias viviendas, los apartamentos 1, 2 y 3, respectivamente, en Virtudes 822, entre Oquendo y Marqués González, en el municipio capitalino de Centro Habana.

No es para menos. Esas viviendas fueron concluidas en junio de 2009 y se les dio el habitable el 6 de julio de ese año, con expediente 0332. Y con ello hicieron el contrato de electricidad, agua y gas. Pero todavía son ilegales en sus propias casas, pues a estas alturas la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) en Centro Habana todavía no acaba de entregarles la resolución que acredite la propiedad.

En agosto de 2009 se entregó el expediente en la DMV para agilizar los trámites. Y fueron varias veces por allí, pero les respondían que aún seguían realizando esas diligencias. En diciembre de 2009 se les informó que el expediente… ¡se había extraviado!

Los afectados, con la ayuda de la Subdirectora de la empresa constructora, fotocopiaron los documentos de la obra y conformaron un nuevo expediente, el cual se entregó en la DMV y posteriormente fue remitido a la Dirección Provincial de la Vivienda, para su reaprobación. Una vez logrado esto último, retornó a la DMV y se le entregó al abogado de esa entidad en enero de 2010.

En abril, después de reiteradas visitas a la DMV —¡qué paciencia!— les informaron a esas alturas que al expediente le faltaba un acuerdo llamado Acuerdo CAM, el cual emitía el Gobierno Municipal de Centro Habana. Vivian, la propietaria del apartamento 2, fue al Gobierno, y conjuntamente con la Dirección Municipal de Planificación Física, confeccionaron una carta explicando que ese documento, al momento de concluirse las viviendas, no existía. También se alegaba que no era necesario otro más.

En agosto de 2010, después de agobiantes esperas tratando de agilizar sus documentos, les vinieron a informar que al expediente le faltaba una carta que emite Patrimonio. Preguntaron dónde se buscaba ese papel y no supieron explicarles.

Addys, la del apartamento 3, fue entonces a la Dirección Provincial de la Vivienda y allí le explicaron cómo hacer el trámite y dónde. Lo realizaron y a finales de septiembre llevaron la susodicha carta a la DMV. Y hasta el 24 de diciembre, cuando me escribieron, no habían tenido respuesta.

Los tres remitentes preguntan: «¿Quién responde por un documento tan importante para no permanecer ilegal en tu casa? ¿Hasta cuándo la Dirección Municipal de la Vivienda va a ser tan irresponsable?» Y este redactor agregaría la suya: ¿Hasta cuándo se van a permitir tales maltratos? ¿Hasta cuándo tantos nudos burocráticos, complicaciones y dilaciones?

Pero, como si no fuera bastante su tragedia, estos vecinos sufren por otra agresión: el fondo de su edificio colinda con un terreno que pertenece al hospital Hermanos Ameijeiras. Ahí, tienen pegadas a la pared varios contenedores de metal que son usados por el personal de Mantenimiento de ese centro, y que impidieron en su momento repellar y pintar parte de esa pared. Ya la misma está abofada por humedad, y afecta al apartamento 1.

Miguel, el propietario del mismo, gestionó con la administración del hospital, la cual se convenció de que había que mover los contenedores pero plantearon que no tenían presupuesto para alquilar una grúa, que si Miguel la resolvía no habría problemas.

«¿Qué debemos hacer —preguntan—, esperar que venga al suelo esa pared de una construcción que llega a los dos años?»

Es inaceptable tanto maltrato. Qué solo e indefenso está muchas veces el ciudadano ante los excesos y desentendimientos de entidades estatales que debían respetarle cada día.

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