Acuse de recibo
De «parias en sus propias viviendas» denominé el pasado 16 de enero a Miguel Samón, Vivian Grajales y Addys Aguilar, quienes denunciaban el calvario burocrático que sufrían, sin recibir las propiedades de sus apartamentos en Virtudes 822, entre Oquendo y Marqués González, en el municipio capitalino de Centro Habana.
Contaban que las casas se concluyeron en junio de 2009, y el 6 de julio de ese año les dieron el habitable e hicieron el contrato de electricidad, agua y gas. Pero aún en 2011 eran ilegales: la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) no había entregado la resolución que acredita la propiedad.
Prefiero no repetir detalles de la tremebunda historia narrada el 16 de enero. Es bastante con indignarse una sola vez. Sí reseño la respuesta de la directora de la Vivienda en La Habana, Liudmila Mejías, fechada el 15 de febrero pasado y recibida en JR el 18 de marzo.
Ella señala que, acorde con lo investigado, «es lamentable lo vivido por los tres núcleos familiares por la indolencia a su reclamo». Y sostiene que desde que los expedientes fueron recibidos en el Departamento de Control del Fondo de la DMV, en agosto de 2009, se trabajó muy lentamente, de manera injustificada. Entre agosto de 2009 y febrero de 2010, los expedientes se tramitaron en varias ocasiones desde la DMV para la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), y viceversa, para su aprobación en la Comisión de Entrega de la provincia.
Asegura Liudmila que en ambos departamentos fallaron los mecanismos de control establecidos, y ello propició que se dilatara la solución, de lo cual fueron responsables la Jefa del Departamento de Control del Fondo de la DMV y la especialista que tramita los habitables allí.
En marzo de 2010 retornaron los expedientes al Departamento de Control de Fondo de la DMV, y no fue hasta el 18 de mayo de ese año que se entregaron al Departamento Jurídico, donde demoró sin radicarse hasta el 8 de junio. Señalaba como responsables en este caso a la auxiliar jurídica y a quien fungía entonces como jefa del Departamento Jurídico, ambas de la DMV.
En junio de 2010 los expedientes fueron enviados al Consejo de la Administración Municipal, que los retornó con respuesta el 6 de julio. Y se mantuvieron inactivos los mismos, injustificadamente, hasta diciembre de 2010. Fue cuando, a partir de la entrega a la nueva dirección del Departamento de Control de Fondo, se empezaron a trabajar.
Explica Liudmila que «la jefa del Departamento de Control de Fondo, quien debía responder por la negligencia, había sido sancionada por otra indisciplina, con medida de separación definitiva de la entidad, en diciembre de 2010».
Y apunta que a la tramitadora de documentos, por la morosidad injustificada en el procesamiento del expediente, se le trasladó temporalmente a una plaza de menor remuneración y condiciones laborales distintas; y que fue esclarecida entonces la responsabilidad del resto de los implicados.
Informaba que el 15 de febrero concluyó la elaboración de las resoluciones, para que los vecinos recibieran su propiedad en la Oficina de Trámites de la Dirección Municipal de la Vivienda (ojalá ya se haya hecho).
Consigna que «lo sucedido nos obliga a seguir revisando los mecanismos de atención a la población, que requieren cada vez más del crecimiento de valores de todos aquellos que tenemos la misión de atender, orientar, solucionar en alguna medida problemas que aquejan a nuestra población».
Y reitera que «es importante que la población acuda a los mecanismos diseñados, tanto territoriales como provinciales, que aunque no esté al alcance la solución inmediata, quedará establecida para evitar demoras e interpretaciones erróneas».
Agradezco la respuesta. Más, para que cobren vida las palabras finales de la Directora, urgen rigurosos y sistemáticos controles de lo que sucede abajo. Y quitar a tiempo del camino a los mediocres, indolentes e irresponsables; y disposiciones enrevesadas y obsoletas y tantas zancadillas. De lo contrario, aflorarán historias tan vergonzosas como esta.
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