Acuse de recibo
El título lo sugirió en su carta la propia remitente, Zoraida Gálvez, jubilada con 88 años de edad, «pero con la mente muy clara». Y no es para menos: la señora, allá en su hogar en Avenida de Acosta 159, entre Gelabert y Avellaneda, en la Víbora, desmiente a quienes la han sepultado en vida. Pero lo que sí la tiene muy disgustada es que no haya podido cobrar su pensión.
Cuenta Zoraida que hace más de un año cobra su jubilación mediante tarjeta magnética. Todo muy bien hasta el presente mes de junio: cuando introdujo la tarjeta en el cajero, la máquina no tenía el dinero depositado.
La jubilada fue al banco del centro comercial del Mónaco, donde había hecho el cambio de su chequera por la tarjeta magnética, y allí le dijeron que tenía que ver el asunto con Seguridad Social, en Luyanó, pues ella estaba declarada como fallecida, a los efectos del cobro. En ese lugar era donde debía reclamar y donde podían arreglar la situación.
Como a Zoraida no le es fácil trasladarse hasta allí, una vecina suya fue a esas oficinas de Seguridad Social con los documentos de la señora, y le respondieron a la enviada que Zoraida estaba declarada como fallecida porque su antigua chequera seguía saliendo y no se cobraba.
La anciana se pregunta: «¿Cómo es posible que me siguieran sacando la chequera y a la vez me pagaran por la tarjeta magnética, siendo el mismo organismo?».
Zoraida considera que al menos, ante cualquier extrañeza o duda, debe averiguarse en su propia dirección o en la cuadra, pues a ella absolutamente nadie le informó que tenía que dar señales de vida para que se mantuvieran pagándole.
Después de tantos equívocos, lo peor de todo es que, según le dijeron a la vecina, para que Zoraida pudiese cobrar su dinero tenía que estar llamando después de la segunda quincena de julio, para ver si ya habían mandado su nueva chequera a la oficina de Seguridad Social, sita en Espadero y Jorge, en la Víbora; para que entonces ahí la recogiera y cobrara los meses de junio y julio, pues la tarjeta magnética fue anulada y devuelta.
Con un delicioso sentido del humor, Zoraida manifiesta que «aun difunta, tengo la esperanza de que mi carta sirva de algo, pues me he enterado de que mi caso no es el único».
El pasado 24 de abril, el lector Rodolfo Hernández, desde la cooperativa de producción agropecuaria Mártires de Santo Domingo, en Filipinas, municipio villaclareño de Manacas, denunciaba constantes irregularidades en la distribución del pan nuestro de cada día en esa y otras comunidades rurales desde enero del presente año; al punto de que pasaban varios días sin él, y luego llegaban varias entregas de una sola vez. Así estaban las cosas con algo tan sagrado como ese pan matutino para enfrentar el día.
Al respecto, responde Juan Miguel González, director de la Empresa Provincial de Producción de Alimentos del Poder Popular en Villa Clara, que al siguiente día de la publicación se analizaron los hechos con el Gobierno municipal, además de visitar a Rodolfo, «cuya inconformidad es muy justa, al producirse los hechos tal y como lo explica».
Precisa que la distribución del pan se realiza desde la panadería enclavada en El Espinal, hasta las bodegas de Las Playitas, Filipinas y Jiquiabo, con un recorrido de 25 kilómetros, por un pésimo camino, en un carretón tirado por caballo que es alquilado por la Unidad Empresarial de Base (UEB) del municipio.
Y en marzo, la persona que distribuía el pan decide no hacerlo más, situación que produjo desajustes. «El Gobierno del municipio y la presidenta del Consejo Popular —refiere Juan Miguel— se personaron en dicha comunidad e intercambiaron con el delegado y los demás factores del barrio para contratar a otro compañero. Y es después del 6 de abril que se le busca solución a tan delicado problema, estando ya garantizadas las entregas en este momento».
Agrega González que la dirección de la UEB asumió la responsabilidad ante el hecho ocurrido, y en consecuencia se le aplicó a su Director una democión por seis meses, para un cargo de inferior categoría.
Al final, la situación quedó resuelta y se aplicó una medida disciplinaria, pero inquieta pensar que ese fue el recurso último para lo que pudo haberse evitado en su momento con una medida a tiempo. Tratándose de una decisión a favor de tanta gente que no tuvo su pan, es preciso utilizar cualquier alternativa menos dejar acumular el problema. ¿Qué análisis podrán hacer el Gobierno municipal, el Consejo Popular y la Empresa Provincial para evitar que este entuerto se replique, y que estas u otras causas paralicen la distribución del pan? ¿Qué participación pueden tener en hallar soluciones la cooperativa y los pobladores?
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