Acuse de recibo
Desde la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda en Cotorro, La Habana, el ingeniero civil Israel Jesús Quintero, especialista de esa entidad, lanza sus inquietudes sobre algo poco abordado, que incide en la calidad e integralidad de las obras que se construyen: la escasa atención y la poca importancia que hoy en día se le depara a los inversionistas.
Señala que no pocas veces el país invierte cuantiosos recursos financieros y materiales en obras que no tienen el resultado esperado por el factor humano o subjetivo; ya sea por falta de preparación del inversionista, o por asignarle esa responsabilidad a personas que no están capacitadas profesionalmente.
Es común, afirma, la ausencia de profesionales con experiencia en unidades inversionistas, por el bajo salario que pagan algunos organismos. Y, al propio tiempo, te encuentras personas no capacitadas profesionalmente al frente de diferentes inversiones u organismos por diferentes causas.
«El inversionista, en cualquier proceso, es la persona desde mi punto de vista más importante, y ha de tener más experiencia para hacer cumplir todo lo que plantea la Resolución 91. Por ejemplo, en el caso de las Unidades Municipales Inversionistas de la Vivienda (UMIV) y Provinciales (UPIV), el inversionista, para poder ser eficaz, debe tener conocimientos y haber trabajado a pie de obra al menos cinco años. Debe haber laborado en una entidad proyectista, para poder ser un buen inversionista y saber controlar el financiamiento que el Estado le asigna, ya en la etapa de proyecto o la de construcción “ejecutiva”.
«Es imposible que un recién graduado, sin experiencia en una entidad constructora o proyectista, pueda discernir lo que está o no bien hecho y con calidad, y así salvaguardar los intereses del Estado.
«Es imposible atraer a personal experimentado con salarios que están muy por debajo del que ofrecen las entidades constructoras y proyectistas. En las UMIV, por ejemplo, a un ingeniero civil o un arquitecto le pagan 425.00 CUP. Sin embargo, a un técnico de nivel medio de una entidad constructora, a pie de obra, con menos capacitación profesional, le pagan muchas veces más.
«Quizá me digan que como está la economía actualmente, al país le es imposible subirles los salarios a quienes atienden las inversiones. Pero la vida demuestra que con personas de escasa experiencia en la actividad y desconocimiento de la especialidad en la cual se van a invertir cuantiosos recursos, las inversiones no se logran con la calidad requerida. En el peor de los casos se han tenido que volver a invertir recursos por falta de conocimientos y de exigencia, y deficiente preparación técnica de las obras».
Refiere Israel que los procesos inversionistas serían mucho más viables si se aprobara un Decreto-Ley o Resolución que protegiera los intereses del Estado y pusiera en práctica las siguientes reglas: idoneidad demostrada y calificación acorde con la esfera en que se ejecutará la inversión, años de experiencia mediante un currículo, y selección por personal capacitado y de experiencia de la entidad inversionista de quienes ocuparán esas plazas, entre candidatos.
También piensa que el salario de un inversionista tiene que ser superior o igual al salario máximo de entidades constructoras y proyectistas, pues el primero representa el escalón superior y tiene que ser la persona más capacitada para desempeñar dicha actividad. A su vez, el inversionista podría ser estimulado o penalizado salarialmente, en dependencia del resultado de su trabajo.
De aplicarse esas experiencias en las UMIV y UPIV, asevera, las inversiones en viviendas en un futuro inmediato se obtendrían con superior calidad. «Quizá tener un personal capacitado con salarios por encima de los de entidades constructoras y proyectistas sea caro, señala; pero no hacerlo lo es mucho más, debido a la migración de profesionales tan necesarios a la inversión hacia otros sectores con mejor remuneración. Entonces, ¿quiénes representarán y defenderán los intereses del Estado?».
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