No se cumple la sentencia

Desde el crecido barrio de Santa Marta, que hasta hace poco pertenecía a Varadero y hoy al municipio matancero de Cárdenas, escribe Xiomara Violeta García para narrar los laberintos de impunidad e impotencia que ha sufrido, ante una carpintería que una vecina decidió instalar en sus mismas narices.

Xiomara, quien reside en Pasaje D No. 1115, entre 11 y 12, cuenta que en el 2009 se personó en la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Varadero a reclamar porque la vecina había edificado ilegalmente, en parte de la calle, una carpintería o taller. Y tal espacio había sido legalizado en propiedad por la DMV, «acto que generó que la misma cerrara el paso de esa calle, y los vecinos que residimos en este pasaje tuvimos que buscar una vía de acceso por entre los patios de otros vecinos, hasta tanto se terminara el proceso que se inició en la DMV por mi reclamación», enfatiza.

El largo proceso que le siguió concluyó el 29 de julio del 2010 con sentencia del Tribunal Supremo Popular, que dispuso la rectificación de las medidas y linderos al estado anterior a las acciones constructivas convalidadas por Vivienda. Tal decisión, subraya, «estuvo sustentada en el razonamiento jurídico de que el taller estaba en un área considerada por Planificación Física como vía pública; y con su construcción afectaba el paso de los residentes en el pasaje».

Ya con el fallo del Tribunal Supremo, Xiomara inició lo que considera hoy un tormento para hacerlo cumplir. «Hasta la fecha, ningún funcionario se ha dispuesto a ejecutar de manera definitiva ese mandato. Y he acudido al Gobierno, al Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades, direcciones municipal y provincial de Vivienda, Instituto Nacional de la Vivienda, Planificación Física, Fiscalía, Tribunales, Contraloría… sin que encuentre alguna persona que se responsabilice con la solución». Añade la lectora que otro factor complejizó su itinerario, pues «Santa Marta cambió su jurisdicción de Varadero a Cárdenas, y cada vez que iba a una institución me mandaban a otra».

Tras mucho batallar, Xiomara logró, luego de ocho meses de quejas y reclamaciones, que se retirara una portada que impedía el paso a los vecinos. Y la Contraloría provincial le informó en mayo pasado que la Dirección Provincial de la Vivienda había concedido a la vecina un término de 30 días para retirar la carpintería, pues no había dónde colocar los equipos. «Han pasado más de tres meses, y todavía espero porque se cumpla esa disposición», afirma.

Igualmente, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) de Matanzas se personó en el lugar, y determinó que la carpintería debía trasladarse para otro sitio en un término de 15 días, pues los decibeles que despiden los equipos que en ella funcionan sobrepasan los niveles permisibles establecidos por la norma cubana 26/07. Los productos químicos usados allí y el polvo que expele la madera, causan perjuicios a la salud de los vecinos, pues el local no tiene hermeticidad total. Pero el término concedido por el CPHEM también ha sido ignorado olímpicamente.

Xiomara lanza sus preguntas:

«¿Por qué ningún funcionario cumple con lo dispuesto en una sentencia del Tribunal? ¿Quién es el encargado de retirar el taller de encima de la calle y restablecerles el acostumbrado paso a los vecinos sin obstáculos ni limitaciones? ¿Por qué la Dirección Provincial de la Vivienda no hizo cumplir la Ley en el término de 30 días concedido para la ejecución? ¿Por qué el Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas, no accionó ante el incumplimiento de su disposición?»

Además de exigir que se cumpla lo establecido, Xiomara y cualquier otra persona víctima de impunidades similares, merecerían que se les explicara por qué un fallo del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba puede ignorarse tanto tiempo por quienes deben hacerlo cumplir.

 

 

 

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