Acuse de recibo
Un algo se interpone, como reza el bolero, en la vida de Orito Oliva Gutiérrez, un campesino de 79 años, miembro de la cooperativa de créditos y servicios fortalecida Octavo Congreso, y propietario de una finca de dos caballerías de tierra otorgada por la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959.
Un algo se interpone, sí, ante la casa y la finca de Orito, situadas en carretera a Bartolomé Masó, en las inmediaciones de la localidad granmense de Yara.
Frente a la única salida de su vivienda, cuenta el veterano, pasa la línea ferroviaria por donde se traslada la caña hacia el complejo agroindustrial Bartolomé Masó. Y en la vía férrea se hicieron trabajos por las fuerzas ferroviarias del CAI en diciembre del pasado año, que dejaron una excavación de siete metros de largo, exactamente al frente de la casa de Orito.
Resultado: no puede el campesino salir por allí con su jeep ni con su tractor y carreta. Imaginen el perjuicio para un productor de arroz que realiza dos cosechas al año, y en cada una obtiene dos mil quintales. Para poder cortar el arroz en la última cosecha, Orito tuvo que pedir permiso a Osmany, el campesino de al lado, de manera que la combinada de aquel pudiera pasar por la finca de este. De lo contrario, perdía la cosecha.
Para colmo, apunta el campesino con bastante disgusto, que «los compañeros de viales del CAI me dijeron que esa salida era ilegal; y me lo dijeron en una forma no muy ética; que podía quejarme donde yo quisiera, pues eso era una ley nacional».
Orito acudió al Gobierno municipal, en busca de apoyo. Y le prometieron que le avisarían para hacer una visita al CAI.
A la semana siguiente, lo visitó una comisión de inspección estatal ferroviaria del Ministerio del Transporte, y Orito les explicó la situación. Incluso, ellos iban en una guagua y no pudieron pasar. Y, según el reclamante, le dijeron que lo comprendían, le daban la razón, pero no podían hacer nada.
No es solo la razón económica la que urge a Orito, sino un sagrado asunto humano y de salud. Su esposa, una señora de 65 años, es una mujer muy enferma, cardiópata, con problemas de hipertensión y circulación hasta el extremo de tener úlceras en ambas piernas, entre otras dolencias. En una ocasión, para llevar a la señora al médico, Orito tuvo que situar dos tablones para que el jeep pasara.
Orito cuestiona: «¿Es a capricho? ¿Podrá ser ilegal una salida que tiene 60 o 70 años, siendo yo propietario de esa finca? ¿Por dónde paso los insumos que necesito para producir arroz? Si a mi esposa le sube la presión, ¿qué hago? ¿Qué ley es esa que afecta la vida de una familia campesina?».
En Mayarí, provincia de Holguín, todos andan felices por la remodelación del cine homónimo. Pero —siempre hay un pero— la casa de Nguyen Tang Torres (Carlos Manuel de Céspedes No. 67, entre José M. Gómez y Mártires del Corintia) delimita por el fondo con la parte trasera de esa sala de proyecciones.
Y como parte de la obra del cine, han comenzado a abrir ventanas indiscretas hacia la vivienda de Nguyen Tang, para lo cual ni contaron con él ni pidieron su aprobación. Cuando fueron requeridos, los obreros de la obra comprendieron la molestia de los vecinos, pero aclararon que era una decisión de sus jefes y debían cumplirla.
Nguyen habló con el director del cine, Carlos Gé López, quien —cuenta— le precisó que «esas persianas luego iban a ser clausuradas, pues él no pensaba abrirlas; pero hubo que colocarlas, porque así estaban en el proyecto realizado por la Dirección Provincial de Cine».
Nguyen está «verde» con tal atribución. Se opone de hecho «porque viola normas establecidas sobre urbanismo y convivencia». Y argumenta más: «El mínimo pensamiento lógico hubiera puesto en la mente de los proyectistas la necesidad de contar primero con nosotros, antes de decidir abrir agujeros para colocar persianas que ya de antemano se sabe que no cumplirán su objetivo. ¿Por qué un proyecto así, para luego clausurarlas? Demando que se cierre esa pared, y que quede como estaba anteriormente».
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