Acuse de recibo
Acuciado por las constantes denuncias sobre la impune contaminación sonora en nuestro país, Arturo Juan M. Ayala (Calle 37 No. 8814 e/ 88 y 90, Marianao, La Habana) solicita que nuestro poder judicial defina qué hacer, para hacer valer y obligar al cumplimiento de los siguientes instrumentos legales en nuestra nación:
«Ley 81/97, que asigna responsabilidades al CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) y en la cual se incluye el accionar de la Fiscalía ante excesos de ruidos y vibraciones que atenten contra la paz ciudadana.
«Decreto Ley 200/99, artículo 11, referido a contravenciones del medio ambiente y que incluye los excesos sonoros.
«Resolución 4/1991 del Instituto Nacional de la Vivienda, que regula la convivencia en edificios múltiples.
«Además, existe el Decreto Ley 141/1988 sobre contravenciones del orden interior, cuyo artículo 1 se refiere a las amenazas a la tranquilidad ciudadana.
«El propio Código Civil, en su artículo 170, regula los derechos de las personas en las relaciones de vecindad».
Precisa Juan que en estos asuntos de «agresión sonora», vale recordar el artículo 26 de la Constitución de la República, poco conocido y muy poco divulgado, que expresa: «Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de sus funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la Ley».
Evidentemente, los instrumentos legales existen. Lo lamentable es que no se hacen cumplir.
Un ejemplo de lo señalado en el caso anterior lo denuncia Jogly Suárez Peña, vecina de Calzada del Cerro No. 1258, entre Consejero Arango y Cruz del Padre, en La Habana.
Cuenta Jogly que hace aproximadamente dos años, por problemas constructivos de la Casa de Cultura del Cerro, se decidió trasladar la misma para su cuadra, exactamente al lado de su casa. Y solo les separa un muro de dos metros de alto: todo lo que se habla y ensaya es como si estuviera en la sala de su hogar.
Precisa Jogly que, «cuando toca el grupo folclórico o la peña del danzón, o los ensayos de música, es como si fuera en nuestros hogares. No podemos ver el televisor. Los ancianos, que no son pocos, no pueden dormir al mediodía. Los niños no pueden hacer sus tareas escolares. Los custodios que trabajan de noche no pueden descansar. Esto constituye una verdadera falta de respeto».
Añade Jogly que durante ese período han elevado quejas a las direcciones municipal y provincial de Cultura. Se han creado comisiones y han hecho algunos reajustes de horario para paliar la situación, pero tras corto tiempo se olvida todo.
«¿Es que las leyes de nuestro país no contemplan las violaciones de las instituciones estatales?, cuestiona. Tenemos que soportar la pérdida de nuestra tranquilidad. Creemos que este tipo de sonidos molestos pueden hacerse en áreas abiertas como La Tropical, pero no en nuestras barriadas».
Afirma el remitente:
«El pasado 8 de agosto entregué una carta en el Ministerio de Cultura, y el 11 de septiembre entregué la segunda, en ausencia de respuesta de la primera. La situación es de conocimiento del Poder Popular.
«¿Qué hacemos con este caso de insoportable indisciplina social? Tenemos recogidas firmas y testimonios de los vecinos de la manzana, sin respuesta de ninguna entidad».
Esencial es congeniar las actividades de la Casa de Cultura con las demandas de los vecinos. Hace falta buscar sitios donde la dinámica de esas instituciones no afecte la paz de la gente. A fin de cuentas, cultura es respeto al prójimo.
