Acuse de recibo
«La matemática es fría y clara como un trozo de hielo», decíamos aquí el 13 de noviembre de 2012, a raíz del caso de la capitalina Lourdes Palomino Castro (Luz No. 403, e/ Picota y Curazao, La Habana Vieja), a quien la cuenta no le daba más. Refería Lourdes un rosario de gestiones con su refrigerador, desde que este comenzó a chorrear de forma incontinente y hubo que practicarle diversos «tratamientos médico-quirúrgicos» para detener el mal.
De la casa al taller. Del taller a la casa. Saldos y sobresaltos. Hasta que le comunicaron que había que cambiarle el casco completo del equipo, porque aquel, al parecer, había venido con fallas de origen.
Como no había cascos, del taller le prestaron un aparato hasta que se reparase el suyo. Y después, cuando estuvo listo este último, le informaron del valor del arreglo, que sobrepasaba, según ella, los 1 800 pesos.
A esto se sumaba que los técnicos habían tenido que cambiar además la máquina del equipo, con un costo de más de 900 pesos. La sumatoria total escapaba de los alcances reales de la capitalina, quien narraba que aún se hallaba pagando las cuotas mensuales de los 6 109 pesos que valía originalmente el aparato.
Cómo asumir entonces, también, el pago de una cadena de averías que ella no provocó y que, obviamente, venían asociadas a problemas «genéticos» del refrigerador, se dolía la lectora.
Al respecto, llega la misiva de Francisco Serrano Díaz y Odalys Pino Martínez, director y funcionaria de Atención a la Población, respectivamente, de la Empresa Provincial de Servicios Técnicos. Explican los directivos que en la visita a Lourdes, ella rectificó que su equipo ya no se encontraba en garantía comercial cuando la primera falla, y que de los dos arreglos de salidero, solo se le cobró uno.
Precisan Francisco y Odalys que el refrigerador de Lourdes se reportó la primera vez el 21 de marzo de 2011, con orden de servicio No. 303 y un diagnóstico de salidero. Y se le entregó reparado el 31 de ese mismo mes, con un costo de 85,00 CUP.
«Volvió a presentar fallas, pero como estaba en garantía, se reparó sin costo por la orden de servicio 391 de fecha 9/abril/ 2011. Pasados nueve meses presentó nuevamente deficiencias y se reportó con la orden de servicio 0010 de fecha 7/enero/2012; quedó en esta ocasión pendiente de cambio de mueble por no haber en existencia».
Por este motivo —argumentan los funcionarios— se le prestó desde el 9 de enero del año 2012 otro refrigerador a la clienta, hasta que llegaran los recursos para reparar y devolverle el suyo. Esto se hizo efectivo ocho meses después. Así, el cambio de mueble quedó consumado el 12 de septiembre, con un costo de 1 245,00 CUP.
«Pero, debido al salidero, se afectó también el moto-compresor, cuyo servicio tiene un costo de 878,40 CUP. La usuaria refirió no tener el dinero (…) y solicitó un tiempo para poder efectuar el pago», sostienen.
Y fundamentan: «Los precios de los servicios están aprobados por el Ministerio de Comercio Interior: Resolución 15/2007 para piezas y mano de obra de los refrigeradores. Y carta 007/2009 para los muebles de los refrigeradores».
Agregan Francisco y Odalys que esta situación se ha presentado en otras tipologías de dichos equipos (Haier 183 y 250), los que «después de cambiarles el mueble por diagnóstico de tupición o salidero no reparable por la tecnología de fabricación, también resulta afectado el motocompresor»...
Como anexo a esta respuesta, el Departamento de Atención a la Población (no se precisa quién en nombre del departamento) de la Dirección Provincial de Servicios en La Habana añade una nota en la que especifica: «Deseamos informar (…) que el objeto social de nuestra entidad es la prestación de servicios, los precios de las piezas son establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), así como la calidad de estas depende en gran medida del proveedor», que antiguamente era el Minbas. A propósito, ¿pasa esta función al actual Ministerio de Energía y Minas?
Agradezco la precisa respuesta de la Empresa Provincial de Servicios Técnicos, así como la nota anexa. Me gustaría comentar algunas cuestiones. En primer lugar debió ser más exacta Lourdes en su misiva respecto a los detalles de los precios y los tiempos de cada reparación; lo hemos dicho: transparencia, divisa central de Acuse.
Por otra parte, esto no resta un ápice para que de manera general su reclamo mantenga pertinencia. ¿Acaso no sería una solución más justa para casos como este, en que las fallas del equipo se reiteran una tras otra, considerar otorgarle uno nuevo y partir de cero? A fin de cuentas, cuando se suman los costos de las gestiones, piezas, transportes, por cada implicado, y cuánto se resiente el bienestar de las personas y el funcionamiento de las entidades, no debe ser mucha la diferencia.
Por cierto, que los precios los establezca el MFP y la calidad de las piezas dependa de otro ministerio no disminuye en nada la necesidad de pensar en cómo adecuarlos a las posibilidades reales de los clientes nacionales; al menos hasta que el país pueda compensar socialistamente «a cada quien según su trabajo».
Otra vez la matemática. Pero no con afán de cálculo economista frío, sino de teorema de equidad social.
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