Acuse de recibo
Ubaldo de Jesús Fernández Medina (Avenida Mónaco Este, Edificio 39, apto. 6, entre 1ra y B, Reparto Julio A. Mella, Camagüey) no entiende por qué está pasando tanto trabajo y encarando tantas dilaciones para obtener una autorización con vistas a cobrar la pensión de su mamá, Julia Adelaida Medina Sánchez.
La señora Julia Adelaida vive con Ubaldo, tiene 94 años y está incapacitada para cobrar su chequera, como cualquier pensionado hace normalmente, por varias enfermedades que padece.
Cuenta Ubaldo que desde marzo de 2012 él comenzó a cobrar la pensión de su madre, presentando un certificado médico. Y le autorizaron por la providencia No. 380 del Director de la filial municipal del INASS (Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social). Entonces se le dijo —y así lo expresa el documento— que para obtener la autorización a partir de abril del 2013, tenía que presentar un poder, el cual comenzó a tramitar a principios de marzo pasado.
Lo primero fue contratar un abogado, quien le orientó que debía buscar la certificación de nacimiento de su mamá y la de él, certificado médico o resumen de la historia clínica, así como tener dispuestos dos testigos para declarar en el Tribunal sobre la incapacidad de su madre. Además, debía llevar 95 pesos en efectivo y diez pesos en sellos.
«Como es de suponer —señala—, el trámite de los certificados médicos demoró un buen tiempo. Presenté la documentación en el bufete y me hicieron el contrato de servicios jurídicos No. CCMN13090080495. Esperé unos días y se me convocó a un juicio, al cual tenía que llevar los testigos. El juicio se hizo con todo los requisitos que lleva.
«Posteriormente me comunicaron que la Comisión de Medicina Legal tenía que visitar mi hogar para que legitimara la incapacidad de mi madre. Por suerte tengo auto, y recogí a los miembros de la comisión y los llevé a mi hogar, para luego retornarlos al hospital Amalia Simoni».
También fue a su hogar la Jueza que estuvo a cargo de la vista judicial, para verificar la incapacidad que se había planteado. Ella le manifestó a Ubaldo que debía ir a la Fiscalía, pues hasta entonces ellos lo que estaban demostrando era la incapacidad y la Fiscalía era la encargada del tutelaje.
A propósito, recalca el remitente que hasta ese momento nadie le había informado que tenía que hacer lo de la Comisión de Medicina Legal ni lo de la Fiscalía.
«Ahora —afirma— la Fiscalía pide los siguientes documentos: certificación de nacimiento de mi mamá y mía, certificado de defunción de mi papá, que murió en noviembre de 1980 (¿para qué?), certificado de mis antecedentes penales y de mi salario, auto de incapacidad (esto lo tiene que dar el Tribunal), propiedad de la casa en Morón que está a su nombre y donde vive mi hermano, chequera de mi mamá y nombre y dirección de los otros dos hijos.
«Como es de suponer, obtener estos documentos no es fácil. Y estos trámites, hoy 7 de junio que le escribo, no los he comenzado todavía. Y ya llevo tres meses tratando de obtener una autorización para poder cobrar la chequera de mi mamá. ¿Dónde está la agilización de trámites para resolver un problema de un adulto mayor que no puede cobrar su pensión?
«Lo que estamos solicitando es una autorización para hacerlo, algo que anteriormente se había realizado a través de una providencia, documento que fue hecho por el Director del INASS del municipio de Camagüey, quien solo solicitó un certificado médico para elaborarla. ¿Por qué ahora tantos requisitos?
«Debe tenerse en cuenta también que hacer todos estos trámites conlleva gasto de dinero y tiempo, además de llevar y traer personal (jueza y comisión de Medicina Legal). ¿Hasta dónde vamos a llegar con el burocratismo y el poder de los papeles?», concluye Ubaldo.
Un país cuya población envejece con tanta celeridad debe ir preparándose para simplificar muchos de los trámites relacionados con sus ancianos.
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