Acuse de recibo
El hijo de Marta Beatriz Gómez Pupo tiene 30 años y no sabe leer, ni escribir. Tampoco los colores. Su retraso mental severo se lo ha impedido. Carente así de las mínimas herramientas para dedicarse a algún oficio, necesita cuidado de su mamá a tiempo completo.
Por esta angustiosa circunstancia, a Marta Beatriz le fue otorgada una pensión, que primero fue de 40 pesos, después de 80 y ya en los últimos tiempos de 167 pesos. Pero hace poco más de un mes, todo le cambió de pronto.
«El día 1ro. de septiembre se me notificó que dicha pensión sería retirada, por una nueva ley que establece que si hay un miembro del núcleo familiar que recibe salario no puede haber una pensión en la casa. El miembro que trabaja es mi esposo, que no es padre de mi hijo y no tiene ningún vínculo legal que lo obligue a responsabilizarse con él, además su salario es de 300 pesos», se duele la madre.
Y agrega: «Nosotros vivimos en un apartamento (calle F No. 19, Apto. 7, e/ 1ra. y 3ra., Plaza de la Revolución, La Habana) con el resto de mi familia, pero radicamos en un cuarto los tres y cocinamos aparte. Nuestros ingresos hasta ahora ya eran escasos».
Poco más tendría que añadir este redactor, dada la claridad que en este tema siempre ha mostrado la política de la Revolución: ha de evaluarse concienzudamente cada caso en momentos en que el país hace reajustes en el otorgamiento de los subsidios que destina a la asistencia y seguridad social.
Aquí no vale hacer tábula rasa basándose en números: cada ser humano en dificultades es una historia totalmente singular, y perder de vista ese criterio equivaldría a extraviar el rumbo de justicia y equidad que nuestro país se ha propuesto desarrollar en medio del proceso actualizador.
La fetidez rodeaba su casa. Aguas albañales, con heces fecales incluidas, habían colapsado en su patio y afectaban ya a otros vecinos de la zona. Por eso Norelys Cuesta Sarduy (calle Montreal No. 156-A, e/ Aserradero y 5ta. Rpto. La Zambrana, Camagüey), cuyo caso vio la luz aquí el 20 de agosto último, acudió de inmediato a las autoridades pertinentes. ¿Resultado? Varias evaluaciones, una zanja inconclusa, la calle contaminada, reportes periodísticos provinciales del asunto... Y de solución, nada.
A propósito responde Irvins de la Victoria Gómez, delegado provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). Comienza Irvins por reconocer que el problema continúa pendiente y que en esto se ha evidenciado «la morosidad» con que han laborado la Oficina Comercial Julio Antonio Mella y la UEB de Acueducto, pertenecientes ambas al INRH.
Refiere el directivo que el 24 de julio pasado se creó una comisión integrada por la Vicepresidencia del Consejo de la Administración Municipal y las direcciones de Acueducto y de la Vivienda, específicamente el director de la UEB y el director de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV). Entonces «se acordó realizar la sustitución de tramos de tubería colapsados en los patios de las viviendas y la construcción de un registro para la disposición final de los residuos, responsabilizando al director de la UEB de Acueducto, Armando Valenciano Porro».
El trabajo —explica el funcionario— quedó inconcluso. No se cambiaron los tramos en los patios principales, incluyendo el de Norelys Cuesta. Tampoco se construyó el registro. Igualmente se había acordado que la dirección de la UMIV se responsabilizaba con la entrega de los tubos a los usuarios para las conexiones intradomiciliarias. Y no se hizo.
Finalmente, el ejecutivo agramontino enumera las acciones que se emprenderán para cerrar el problema.
«1. La UEB de Acueducto asume la conexión del trazado de un conducto de 110 mm, garantizando el zanjeo y la tubería con sus accesorios, así como la construcción de los registros necesarios.
«2. Los vecinos se encargarán de las conexiones intradomiciliarias de cada una de las viviendas.
«3. La UEB garantiza un ingeniero a tiempo completo para el asesoramiento a las conexiones intradomiciliarias».
Agradezco la autocrítica y precisa respuesta del Delegado provincial, pero debo apuntar dos elementos. Se incumple con acuerdos para la solución de un problema y nada se dice de las medidas tomadas con los incumplidores. En el cierre vuelven a planearse acciones de solución, pero ¿para qué fecha?
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