El enrevesado caso de la marmolina - Acuse de recibo

El enrevesado caso de la marmolina

Como delegado en la circunscripción 28 del Consejo Popular Cojímar, del municipio capitalino de La Habana del Este, Felipe González Alonso, en uso de su derecho ciudadano, cuenta los avatares sufridos por darle consecuente seguimiento a una queja de un elector, con respecto a la venta de marmolina en la tienda de materiales de la construcción en esa localidad.

Refiere Felipe que en su día de despacho con los electores, el 23 de enero del presente año, el ciudadano Manuel Atorrezagasti denunció que, al tratar de comprar marmolina en el rastro de Cojímar, los directivos de la unidad le informaron que tenían el producto en existencia, pero no podían venderlo: ¿razones? No contaban con la certificación de la unidad de medida y el precio, para su comercialización a la población.

Confiado en resolver el asunto, al siguiente día Felipe habló por teléfono con Niurka, la económica del rastro, quien corroboró lo contado por el elector, y dijo más: desde diciembre de 2012 presentaban esa situación, y era de conocimiento de la empresa.

Posteriormente, el delegado conversó telefónicamente con Yeni, la vicepresidenta del Consejo de la Administración Municipal (CAM) para la Distribución, quien tomó nota del asunto, y le solicitó que la llamara en la tarde, que le dejaría respuesta con otra compañera. «Hasta la fecha, y luego de llamar en múltiples ocasiones, no logré respuesta», afirma.

Felipe no cejó. Conversó telefónicamente con Jorge, funcionario del Departamento de Materiales de la Construcción de la Empresa Provincial de Comercio. Este le explicó que antes de noviembre de 2012 la pintura de marmolina se vendía como cal viva en todos los establecimientos. Pero después de una auditoría realizada detectaron que era una violación. Y por ello tenían que crear un código de precio y unidad de medida para la marmolina: estaba elevado al Ministerio de Comercio Interior (Mincin), pendiente de solución.

Pertinaz, Felipe habló por teléfono con Pilar Fernández, funcionaria de la Dirección de Ventas Minoristas del Mincin. Ella explicó que existe la Resolución 517 de 2011, de la ministra de Comercio Interior, que regula la venta de esos productos. Y es precisamente por esa norma que se debe vender como cal viva a razón de 2,60 CUP el kilogramo.

La funcionaria le precisó que, aunque la Empresa Provincial de Comercio se subordina al Consejo de la Administración Provincial, harían gestiones para destrabar el asunto. Quedó en comunicarse con él al siguiente día. Lo hizo y le preguntó que si de la provincia se habían comunicado con él.

En conversación telefónica con Jorge, funcionario del Departamento de Materiales de la Construcción de la Empresa Provincial de Comercio, este le manifestó que la decisión se mantenía.

El 9 de febrero del presente año, Felipe conversó con Yeni, la vicepresidenta del CAM para la Distribución, quien le respondió que aún no tenía solución para el asunto, que ella tenía que visitar la entidad y analizar lo que ocurría.

El 15 de febrero Felipe envió nota al presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de La Habana del Este, con copia a la presidenta del Consejo Popular. «Aún espero respuesta», acota al respecto. El 22 de abril, en despacho con el presidente de la AMPP, reiteró el asunto. «Aún espero respuesta», repite.

En lo adelante, y hasta el 7 de octubre pasado, cuando me escribió, en las sesiones de la AMPP y otros eventos en el Consejo Popular, le solicitó información a la directora municipal de Comercio. Y la respuesta fue siempre la misma: «La solicitud está elevada».

El 23 de septiembre pasado, en reunión con el Consejo Popular, «la directora informó que el producto ya estaba en malas condiciones, y a pesar de no tener la respuesta del precio y la unidad de medidas, no se podía comercializar», enfatiza Felipe.

Y confiesa que, en nota enviada al presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, le expresó: «Si de veras se quiere transformar el panorama nacional, un primer aspecto es borrar sin contemplaciones a los funcionarios irresponsables, burócratas, indolentes y con el sentido de pertenencia extraviado. Sobre ellos se debe actuar dondequiera que estén agazapados».

Huelgan los comentarios. Felipe González Alonso no se cansa. Espera respuesta allí en su domicilio: calle 24 No. 7804, entre K y Lindero, Cojímar.

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