Acuse de recibo
La faena de «domar» el transporte público día a día bien valdría una novela. Si esto, además, debe hacerse para llevar a una institución de salud a una joven de 26 años, que «no habla, no oye y tiene serias dificultades para la locomoción», el asunto ya es más complejo.
Lázara Sánchez Pérez (calle 2da., No. 9, entre Calzada Vieja de Guanabacoa y Final, reparto Azotea, Guanabacoa), conoce a fondo estos problemas. Su hija Anisley, con parálisis cerebral infantil, es una de los 24 niños y jóvenes que disponen de atención especializada en el Centro Médico Pedagógico sito en Heredia, entre Carmen y Patrocinio, municipio Diez de Octubre. Y sus padres deben llevarlos diariamente.
Los muchachos cumplen un régimen de seminternado en el Centro y sus papás inventan maravillas para poder dejarlos ahí y después asumir el resto de las tareas de la jornada.
«Este centro hace más de tres años que no tiene transporte», narra la mamá. Y agrega que desde hace mucho tiempo han pedido ayuda para solucionar esta situación, sin resultado alguno.
Ni Lázara ni ninguno de los padres afectados desconocen las complejidades económicas del país. Pero entienden también que siempre se puede hacer —y se ha hecho— algo cuando de salud se trata. Y a este redactor le vienen a la mente, por ejemplo, la cantidad de medios de transporte de entidades estatales que tras cumplir sus primeras recogidas matutinas podrían vincularse a tan humana ayuda.
Era viernes, el 4 de octubre último, para ser exactos. El murmullo, el molote y la inconformidad en aquella zona del mercado agropecuario estatal situado en la avenida Rafael Ferro, cerca de la Línea del Ferrocarril, en la ciudad de Pinar del Río, llamaron la atención de Manuel Álvarez Álvarez (Coronel Pozo No. 12, entre Alameda y Antonio Rubio, Pinar del Río).
La cola alcanzaba dimensiones considerables. Se vendía carne de puerco y encabezaban la fila un grupo de sujetos que adquirían el demandado producto por sacos. Obviamente, esa situación impedía que las personas de la cola, que querían comprar unas libras para sus casas, pudieran lograrlo, evoca Manuel.
Y agrega: «¿Por qué suceden estas cosas? ¿Deben controlarse por alguien? Aunque la venta no es por la libreta, ¿no debe existir un orden?, ¿una cantidad máxima, con lógica? (...) ¿El fin de los sacos de carne adquiridos ese día en el mercado estatal es consumirla en la casa de los compradores…?».
Es de larga data entre nosotros el asunto de los acaparadores-revendedores. ¿Cuándo se le encontrarán alternativas de solución civilizadas y duraderas?
A nombre de los vecinos de la calle 460 entre 13 y 15, en Guanabo, La Habana del Este, escribe Luis Rives Casali, quien vive en el No. 1307 de esa arteria, para ventilar un fétido asunto.
Resulta que en su cuadra, delante de la puerta y ventana de un dormitorio de uno de los hogares, existe una fosa vertiendo aguas negras desde hace varios meses. A esta fosa están conectadas las instalaciones sanitarias de otras viviendas, cuyos tragantes interiores también están tupidos, relata Luis.
Los albañales —detalla el remitente— corren «por la acera y la calle hasta llegar a la avenida principal, desprendiendo olores desagradables, así como plagas de mosquitos en una cuadra donde hay niños pequeños y ancianos».
«Se reportó en el mes de mayo al Acueducto de La Habana del Este (orden No. 335). Hicieron una primera visita y se retiraron sin dar solución porque tenía que venir un camión de alta presión. Al recibir la segunda y última a principios del mes de septiembre, con el camión de alta presión, se volvieron a retirar diciendo que ese problema no lo podían resolver ellos tampoco», refiere el capitalino.
Y ya sabemos a qué lodos epidemiológicos conducen estos albañales...
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