Acuse de recibo
Desde la tierra natal del gran escritor y dramaturgo Abelardo Estorino, la matancera Unión de Reyes, nos escribe Zoraida Muñoz Ramírez (calle Máximo Gómez, No. 68, e/ San Antonio y San José).
En el poblado de Juan Gualberto Gómez, donde reside Zoraida, los vecinos llevan años clamando por que se modernice la central telefónica que les brinda servicio, que es analógica, lo cual impide la calidad necesaria en las comunicaciones.
«Existen muy pocos teléfonos particulares —acota la remitente— y los pocos públicos instalados permanecen gran parte del tiempo fuera de servicio, pues se rompen constantemente…».
Agrega la remitente que en esa zona rural no resulta fácil adquirir tarjetas Propia, lo que obliga a los usuarios a depender del menudo y frecuentemente, aunque esos teléfonos públicos estén operando, no reciben todo tipo de moneda. «En muchas ocasiones depositas un peso y lo reconoce como si fueran 20 centavos, etc. La alternativa de utilizar teléfonos celulares —bastante poco económica— también es muy difícil, por la poca cobertura con que contamos», añade.
Explica la lectora que llevan mucho tiempo expresando este problema en las reuniones del Poder Popular, pero siempre se ha esgrimido que las razones económicas lo impiden…
«En la última asamblea de rendición de cuentas del delegado a sus electores, realizada el pasado 18 de noviembre, la delegada nos planteó que no sería tampoco para el 2014 que se sustituirá la central analógica por la digital, única alternativa para mejorar la difícil situación…», sostiene Zoraida, quien desea conocer qué política de inversión y modernización de capacidades se seguirá en áreas rurales de su provincia.
A Zoraida, como a este redactor, no se le escapan las estrecheces de la economía, pero cree que con frecuencia se ofrecen respuestas del tipo «no hay recursos», las cuales no denotan un análisis concienzudo de diversas alternativas y se tornan un comodín ante disímiles dificultades.
Sería saludable que se valorara la inquietud del poblado Juan Gualberto Gómez y al menos se les ofrecieran a los vecinos respuestas más detalladas y opciones de mejoría.
Ley en mano —como deberíamos andar con más frecuencia y lamentablemente no muchos hacen— escribe la pinera Virginia Morales González (Calle 45, No. 2606, e/ 26 y 28, Nueva Gerona). Recuerda Virginia la legislación medioambiental cubana, específicamente su capítulo 1, artículo 4, inciso j, donde se expresa que «la realización de actividades económicas y sociales por las personas naturales o jurídicas está condicionada por el interés social de que no se ejerza en perjuicio del medio ambiente».
Y trae esta cubana la letra de la Ley 81 (o Ley de Medio Ambiente de la República de Cuba) a colación porque ha observado en su municipio que a veces se otorgan licencias de trabajo por cuenta propia a personas que no tienen las condiciones idóneas para el fin que se proponen, lo cual provoca que perjudiquen «la salud de los vecinos y desencadenen conflictos de convivencia fatales».
Ejemplifica su preocupación la remitente con dos de las actividades que, a su juicio, más peligro implican en este sentido: las fábricas de bloques en plena ciudad, «donde apenas existe espacio interviviendas, obligando a los vecinos a aspirar constantemente el cemento y la arena, y sufrir el ruido y las vibraciones de las máquinas», y las carpinterías, «con el ruido ensordecedor de las sierras…».
Todo lo que contribuya a mejorar la sociedad, como la ampliación del trabajo por cuenta propia, bienvenido sea, opina la lectora; pero que ello no nos lleve a desproteger a la mayoría que cuenta, además, con el respaldo legal edificado en años de vida colectiva.
