Acuse de recibo
En calle 41 número 11, en Los Sitios, poblado tunero de Jobabo, Alfredo Rodríguez lleva tres años laborando por cuenta propia como reparador de equipos eléctricos y electrónicos. Le va bien en su gestión no estatal, está al día en todos sus pagos… pero siente incertidumbre respecto a la futura jubilación, a pesar de que lleva ya tres años abonando su contribución a la seguridad social.
Lo inquietante para él es que en todo ese tiempo ningún funcionario del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ni del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social (Inass) le ha informado sobre el estado de sus pagos por ese concepto.
En agosto de 2013, Alfredo se comunicó telefónicamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y allí le orientaron que se remitiera a la filial provincial del Inass en Las Tunas, donde lo atenderían y le darían una respuesta.
Contactó a la filial del Inass y le respondieron que no tenían que ver con ello, que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) era la encargada de atender sus inquietudes.
Se comunicó luego con el Director de la ONAT en Jobabo, quien le dijo que ellos no tenían que ver con eso, pues solo se encargaban de realizar una certificación de los pagos que él ha realizado al Inass.
«Entonces, ¿es el Inass o no el que debe encargarse de darme información?», pregunta. «¿Cómo el trabajador por cuenta propia adquiere constancia de su seguridad social y del tiempo que ya ha pagado?»
Argumenta el remitente que los trabajadores por cuenta propia no firman la tarjeta SNC-225, como los estatales. «¿Existe en alguna parte un registro o expediente que archive esos datos?», añade.
La incertidumbre de Alfredo, producto de la escasa información brindada, lo ha llevado a cuestionarse si personas encargadas de implementar las medidas del nuevo modelo económico, específicamente en cuanto al trabajo no estatal, lo están haciendo de la forma orientada por el país.
El trabajo por cuenta propia es algo novedoso —señala—, pero ya ha pasado tiempo, y las cosas en este aspecto debían estar claras. «A pesar de eso, nadie tiene una respuesta a mis interrogantes», concluye.
El burocratismo emula con el marabú, sentencia Loreta Francisco, cuyo vivero El Tamarindo ostenta la condición de Excelencia Nacional y la Doble Corona, otorgada por el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana.
Loreta, quien vive en calle 5ta. No. 12, entre A y Final, reparto Brisas del Capiro de Santa Clara, refiere que en su vivero se obtienen posturas de guayaba enana roja por la vía del esqueje, injertos de mango y aguacate, y plantas maderables preciosas y ornamentales.
Ella es economista, y afirma que hace años dejó de laborar en una sucursal bancaria climatizada en Santa Clara, para incorporarse a la producción de alimentos en el país.
Cuenta que el 20 de noviembre del 2013 alquiló un auto y acompañó a la asesora jurídica de la Empresa Hortícola de Santa Clara, a la cual está vinculado su vivero, para presentar un expediente de demanda a la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) Avilés, de Cumanayagua, ante la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial de Cienfuegos.
La causa es que en 2009 Loreta vendió 20 000 plantas de guayaba a dicha UBPC, la cual no le ha pagado aún, a pesar de reiteradas reclamaciones. El expediente lo recibió una funcionaria de la Sala con rapidez y sin entrar en una detallada revisión.
A los pocos días, llamaron a la jurídica de la Empresa Hortícola y le solicitaron documentos que acreditaran las gestiones de cobro. Loreta alquiló otro auto para llevar la documentación, suponiendo que ya habían hecho una detallada revisión del contenido del expediente.
Días después, llamaron a la jurídica nuevamente y le dijeron que no podían tramitar la reclamación, por tratarse de un litigio entre empresas del propio Ministerio de la Agricultura (Minag). La instaron a que recogiera el expediente para presentarlo en la sede del Minag, en La Habana.
Loreta tiene hoy en el patio de su vivero 30 000 posturas de guayaba enana listas para sembrar y de excelente calidad. Ha hecho múltiples gestiones de venta en el país, pero no ha tenido resultados.
«He decidido paralizar la producción, por no contar con un mercado seguro», alega la lectora, a sabiendas de lo imperioso que es tener más frutales produciendo. «Y tengo que enfrentarme además a las inconsistencias de nuestro sistema de cobros y pagos. Y con el burocratismo que emula con el marabú».
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