Acuse de recibo
A veces uno se tropieza con situaciones cuyo origen ha de buscarse muchos años atrás e inciden en gente que no es responsable de que aquellas se hayan engendrado, razón de más para que las instituciones o entidades a cargo de atenderlas les brinden una esmerada atención.
Ese es el espíritu de la carta de Marta Rodríguez Farray, vecina de calle C, no. 17106, entre Calzada de Guanabacoa y 8va., reparto Los Ángeles, Virgen del Camino, en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón.
La remitente se confiesa como una sempiterna defensora de los árboles, necesarios en el trazado citadino por su aporte ornamental y su valor como «pulmones», útiles contrapesos ante excesos de prefabricado, neón y asfalto.
El problema sobreviene —apunta Marta— cuando algunos de estos, por su mal estado o su ubicación en la cercanía de viviendas, ponen en peligro la integridad humana. Así le ocurre a ella con un mamoncillo coposo y de 15 metros de altura, de tronco bastante ahuecado y numerosas rajaduras en su base, el cual se levanta en terreno colindante a su casa de madera y en mal estado constructivo. Entre las ramas de este gigante mudo pasan cables telefónicos y otros de alta tensión, y por ambos lados del mismo hay paradas de ómnibus muy frecuentadas.
Pensando en esas agravantes, la lectora solicitó en noviembre pasado al servicio estatal forestal de San Miguel del Padrón el permiso de tala de dicho árbol. Solo a inicios de este febrero se lo entregaron, tras reiterados viajes a esas oficinas en los que —cuenta— nunca se le atendió adecuadamente.
Con ese documento se presentó en Servicios Comunales y los funcionarios que visitaron su casa coincidieron en que el árbol ofrece peligro y debe cortarse con prontitud. Ello, empero, no ocurrió. Primero le preguntaron a Marta por el contrato, asunto del que nadie le había hablado. Luego mencionaron que la tala costaría entre 400 y 450 CUP, tema que se mencionó en una anterior visita suya a Comunales, pero que pareció desestimarse, pues la percepción de peligro inclinó la balanza a cortar el mamoncillo en el plazo más breve. Por último le expresaron a la señora que solo debía abonar algo más de 200 pesos —cifra que se contradecía con la anterior—, compromiso que ella puede honrar si le permiten pagar en más de un plazo, pues solo recibe su pensión como jubilada y cría a un nieto de 11 años.
Marta se pregunta por qué ha demorado tanto la atención a una situación que ella considera peligrosa, la cual amerita un tratamiento diferenciado —piensa—, incluso en lo referido al pago.
Una medida de tanto alcance como otorgar una dieta a un enfermo ve peligrar su trascendencia —y, en consecuencia, la cabal atención al paciente— allí donde la falta de rigor y de información oportuna se imponen.
Al respecto, escribe Jesús Torres Rodríguez (12 oeste, no. 8, entre Carretera Central y 1ra. Norte, Placetas, Villa Clara), quien en el pasado mes de enero recibió solo dos kilogramos de pescado —poco más de cuatro libras— de las seis que le corresponden por prescripción médica. A quejarse por ello —cuenta— acudió a la Empresa Municipal de Comercio, donde le respondieron que la responsabilidad del faltante no era de ellos, sino de los proveedores en Santa Clara.
«No es la primera vez que esto ocurre, y lo cierto es que las respuestas no convencen a nadie», comenta Torres Rodríguez, al que le han dado con anterioridad variadas justificaciones de muy poco sentido, por ejemplo, que el pescado ya viene en picadillo, por lo que pesa menos al no incluirse en el producto las espinas. ¿Alguien puede aclarar semejante entuerto? Lo único que sí está claro es que el lector merece una respuesta convincente y está en todo su derecho de reclamar mientras no se la ofrezcan.
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