Palabras no sellan salideros - Acuse de recibo

Palabras no sellan salideros

El 27 de diciembre de 2013, desde el municipio capitalino de La Lisa, Jorge Luis Martell contaba que el 15 de ese mes detectó en su domicilio un salidero de gas licuado y problemas serios en el regulado. Y al día siguiente lo reportó a la Empresa de Gas Licuado.

Jorge Luis refería que posteriormente llamó en varias ocasiones a la empresa, y no le ofrecían una respuesta razonable para su situación de cliente, con una hija de tres años de edad, enferma, y una familia que alimentar. Como siempre, sus vecinos le respondieron ayudándolo.

Pero Jorge Luis argumentaba que él tiene un contrato legal y firmado con la Empresa de Gas Licuado, que establece un plazo de hasta 72 horas para las reparaciones. El 19 de diciembre, cuando escribió a esta columna, ya llevaba 120 horas sin recibir solución.

Ese mismo día llamó a la Jefa del Departamento de Reparaciones, y la respuesta fue que debía esperar, pues solo tenían un medio de transporte. Desde luego, con esas explicaciones la familia de Jorge Luis no podía cocinar ni alimentarse.

Al respecto, el pasado 14 de febrero llegó a esta redacción la respuesta del ingeniero Amado Hipólito González González, director general de la Empresa de Gas Licuado de La Habana, quien confirma que la atención por esa entidad a los salideros de gas licuado debe ser en un plazo de 72 horas, a partir de haberse reportado por el cliente.

Afirma que ello no ocurrió en este caso, pues se solucionó el problema el 21 de diciembre, pasados seis días de la solicitud. Y apunta que, de acuerdo con la investigación realizada, se comprobó que el retraso estuvo dado por el incremento de solicitudes por esos días en el municipio de La Lisa, cuyo volumen fue superior a lo que permite atender el transporte especializado con que cuenta la empresa.

Precisa González que «actualmente se está realizando un estudio de factibilidad para tratar de darles solución a los problemas existentes, tales como el estado técnico que presentan los equipos que prestan ese servicio, la cantidad de ellos disponibles y el número de solicitudes que se reciben de cada uno de los municipios de La Habana, Mayabeque y Artemisa, provincias estas donde nuestra entidad presta servicio de gas licuado».

Y señala, como acciones puestas en práctica para reducir el tiempo de respuesta al servicio, el apoyo a esa actividad con vehículos destinados a la transportación de cilindros del sector estatal, y el incremento de la plantilla del centro de recepción y tramitación de solicitudes.

Agradezco la respuesta, y solo podría agregarse que si los clientes tienen un contrato firmado con la empresa, por muchas explicaciones que esta dé, los primeros nunca podrán entender que ella no tenga creadas las condiciones para resolver en tiempo un peligroso salidero de gas licuado.

Cañona en la cañona

María Elena Leyva escribe en nombre de los sedientos habitantes del poblado Nuevo Llano, popularmente conocido por La Cañona, perteneciente al central Cristino Naranjo del municipio holguinero de Cacocum.

Cuenta ella que en mayo de 2013 se quemó la turbina que abastece de agua potable a esa comunidad, y estuvieron seis meses sin el líquido. Tuvieron incluso que acarrearlo de sitios inadecuados para el consumo humano, con serias consecuencias para la salud de las personas y con pérdidas de animales.

En noviembre de ese año trajeron al fin una turbina nueva, y ahora vinieron a llevársela para el poblado de El Cupey. Los vecinos no lo permitieron.

«En este poblado hay niños pequeños, embarazadas, mujeres recién paridas y personas mayores —señala—, que se ven en un grave problema cuando no hay suministro de agua. ¿Cómo es posible que pretendan dejarnos otra vez sin agua? ¿A quién se le ocurren esas brillantes ideas que no tienen explicación lógica?».

No dice María Elena quiénes son los responsables de lo que en su carta califica como «desvestir un santo para vestir otro»; quizá se trate del acueducto municipal. ¿Y qué hace el Gobierno de Cacocum para representar a los habitantes de La Cañona? ¿Es correcto tomar medidas terminantes, que afectan a una comunidad, sin contar con el consenso de sus ciudadanos?

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