Acuse de recibo
«Hay que tener en guardia el visor de la sensibilidad para que no se nos escapen los vulnerables, los que más sufren y no tienen para dónde virarse», dije aquí el pasado 13 de febrero, al comentar la difícil situación de una familia residente en Jagua Cuatro, La Jagua, en el municipio camagüeyano de Santa Cruz del Sur.
Entonces, reflejé el alerta de José Isabel Boix, un hombre de 85 años que vive en esa comunidad y mira a su alrededor con el corazón, acerca de las estrecheces de un matrimonio de ancianos y su hija enferma.
El padre, Mario Crespo, es jubilado. La madre nunca pudo trabajar, porque la hija nació con reuma y requirió siempre de sus cuidados.
A consecuencia de su padecimiento, la hija ha sido intervenida quirúrgicamente en sus extremidades en nueve ocasiones. Y ya adulta, comenzó a padecer de la vista hasta que quedó ciega. Con tantos impedimentos, nunca pudo capacitarse en nada, por lo cual depende de los padres económicamente.
Contaba Boix que Mario disfruta de una pensión por jubilación; pero los tres requieren gastar mensualmente entre 60 y 70 pesos de medicamentos, además de los 62 pesos que pagan cada mes por el crédito de un refrigerador.
La hija, señalaba Boix, recibía una prestación de la Asistencia Social que le fue retirada. Y tal situación, a los ojos de todos, la conocen el Gobierno y demás autoridades del municipio.
El solidario vecino escribía consciente de que sin la eliminación de las excesivas e indebidas gratuidades, no podremos avanzar nunca. Pero al mismo tiempo alertaba en cuanto a la necesidad de diferenciar un caso de otro con sabiduría, pues no todos son iguales: «Hay que dar un tratamiento muy individualizado, sin generalizaciones, para no equivocarse; la Revolución se hizo para eso», concluía Boix.
Al respecto responde Marta Adán Hernández, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social en Camagüey, que fue revisada la documentación existente en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social y se comprobó que esa familia recibía una ayuda económica complementaria de 85 pesos, la cual fue retirada por indicación ministerial.
«Es cierto —afirma— que son dos adultos mayores con problemas de salud y una hija enferma desde pequeña (con reuma, y ciega); y que la única entrada en el núcleo son los 270 pesos que el padre de la discapacitada recibe, insuficientes para sufragar los gastos de la familia».
Señala Marta que en 2013 se le confeccionó expediente a esa familia, solicitando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una prestación excepcional de 167 pesos, según la Ley 105 de Asistencia Social, en su Reglamento, el Decreto 283. Y además, el caso fue incluido en el primer estudio de familias vulnerables.
Precisa la Directora que «en visita realizada a la familia, se le explicó que su expediente salió de nuestra provincia para el Ministerio el 18 de diciembre de 2013, con número 631. Y se les dijo que deben esperar la respuesta del Ministerio, pues no está a nuestro alcance darle otra prestación económica; y a pesar de que les es insuficiente la misma en estos momentos, no se encuentran desprotegidos. No obstante, se les ofertó el servicio de comedor comunitario a los tres, para atenuar la situación del núcleo, y no estuvieron de acuerdo, manifestando que les queda lejos».
Agradezco la respuesta de la Directora, pero resulta insuficiente. De la misiva se deduce que la Asistencia Social está muy verticalizada para poder decidir con lupa los casos más críticos allí en el territorio y que no se apliquen injustos recortes desde arriba.
También se revela que, al ser tan centralizada la aprobación de la prestación, deben ser más ágiles las decisiones ministeriales en tal sentido. Son las vidas de tres personas enfermas y vulnerables las que esperan, con un escaso ingreso de 270 pesos.
28
