Acuse de recibo
El pasado 31 de enero reseñé la queja desde Colón, Matanzas, de María Antonia López, trabajadora por cuenta propia con licencia para vender discos: el 20 de enero, su hijo, de visita en Varadero, le compró 250 discos DVD vírgenes en una tienda en divisas. Y en viaje hacia Colón, en Cárdenas, un policía le revisó el maletín. Al ver la mercancía, lo condujo a la Unidad de la PNR. Allí, una inspectora de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) municipal le impuso una multa de 1 500 pesos y le decomisó los DVD, aun cuando él declaró que eran para su mamá, quien tiene licencia. La inspectora apuntó que él no podía comprarlos. Debía ser la dueña de la licencia.
Fueron madre e hijo a la DIS de Cárdenas, y la jefa de los inspectores les ratificó que comprarle los discos a María Antonia era una falta grave. La madre no entendía por qué su hijo no podía hacerle ese favor. Y agregaba: «¿Un ciudadano no puede en una tienda adquirir lo que allí ofertan?».
El 16 de marzo pasado reseñé otra carta de María Antonia: Gracias a la revelación de su caso aquí, se hizo justicia. Si bien la DIS ya había declarado anteriormente Sin Lugar la reclamación, al final consideró que todo había sido mal aplicado: ella recuperó los 250 discos y no pagó la multa. El 25 de febrero, cuando me escribió, había recibido la Resolución que declara Con Lugar su reclamación.
Ese día solicité aquí la respuesta oficial de la DIS, considerando que «la aplicación incorrecta de cualquier normativa, ya por ignorancia o arbitrariedad, lo único que logra es resquebrajar la autoridad de una institución que, se supone, pretende justicia, disciplina y orden». Y pregunté: «¿Por qué al final sí se aceptó lo que se negara antes? ¿Qué hubiera sucedido si María Antonia no nos hubiera escrito o no hubiéramos reflejado su denuncia? ¿Cuántos casos más de arbitrariedades podrían haberse registrado? ¿Qué medidas ha tomado la DIS en la provincia de Matanzas para que tales perniciosas actuaciones no se repitan, aparte de las que merecen quienes cometieron o auparon tal injusticia? Al final, ¿quién pagará por los disgustos y molestias ocasionados a esa ciudadana y su hijo?».
El 20 de marzo recibí la respuesta de Ernesto Pérez Gómez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cárdenas, quien ratifica lo dicho sobre la anulación de la multa y la devolución de los discos, e informa que «se le ofreció disculpas a la compañera por la actuación incorrecta de los supervisores implicados, ya que no analizaron detenidamente ni consultaron sus inquietudes sobre el tema». Y agrega que «en el empeño de enfrentar disímiles situaciones, no se justifica la actuación de los implicados; por ello se analizó de forma crítica con cada uno de ellos y se ha trabajado con el resto para continuar su preparación para el combate que día a día deben enfrentar con profesionalidad».
Agradezco la respuesta y pregunto por qué no se adoptaron otras medidas con los responsables de tamaña arbitrariedad. Habría sido justo que la DIS respondiera por esas violaciones y mencionara qué medidas tomará para que no se repitan.
Bárbara Brocos, vecina de calle 13, No. 1620, en Jovellanos, Matanzas, cuenta que el 18 de enero pasado, en Cárdenas, su hijo Yasiel Gil Brocos, con licencia de trabajador por cuenta propia para cafetería de alimentos ligeros, fue interceptado por un agente del orden cuando viajaba a su domicilio y conducido a la unidad de la PNR por transportar carne de cerdo deshuesada y jamón.
Allí, dos inspectoras le impusieron una multa de 400 pesos y le decomisaron la mercancía, alegando violación del Decreto-Ley 274/13, que plantea que «el que comercialice o exhiba productos distintos al de la actividad para la que está autorizado como trabajador por cuenta propia se le impondrán multas de 400 a 1 200 pesos».
«¿Cómo es posible que se aplique tal medida —señala— si la licencia de él es de cafetería de alimentos ligeros, la cual autoriza la venta de pan con croqueta, hamburguesa, jamón, bistec, minutas, jugos y dulces secos? Además, los productos no son ilícitos, pues los adquirió en el comercio estatal, donde la venta es liberada y no limitada. Él solo estaba transportando la materia prima con que funciona su negocio.
«¿Posee la DIS de Cárdenas un Decreto-Ley que regule el trabajo por cuenta propia exclusivo para ese territorio? ¿Quiénes realmente violan la Ley? ¿Cuál es el destino de esos productos decomisados? ¿Son la profesionalidad, educación, preparación, conocimiento de las leyes y honestidad, indicadores evaluados en el proceso de selección de esos inspectores?», concluye Bárbara.
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