Largo y escabroso camino

Las personas jurídicas deben dar el ejemplo y cumplir sus compromisos con las naturales, para que no sucedan episodios lamentables, como el que denuncia Graciela Fernández, residente en avenida 12 de Agosto No. 23, entre C y 2da., reparto Municipal, Santiago de Cuba, profesora de la Universidad de Oriente y trabajadora por cuenta propia, como elaboradora vendedora de alimentos ligeros.

Cuenta Graciela que en junio de 2013, del Departamento de Higiene del policlínico Ramón López Peña le informaron que debía suspender la venta, a causa de las enfermedades diarreicas agudas que se registraron entonces en esa región del país.

Y como el 20 de julio era fecha tope para el pago a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) a nivel municipal de su cuota de impuesto correspondiente a junio, ella se presentó allí el día 18. La subdirectora Suzel le indicó que debía presentar un documento de la Dirección Municipal de Trabajo, para que se le exonerara del pago de la cuota en los meses de junio y julio. Y antes, debía buscar en Higiene del policlínico el acta de suspensión de la venta, así como el período de tiempo de la misma.

El 19 de julio le informaron en Higiene que las compañeras atendían labores de control en áreas de los carnavales de Santiago de Cuba, y que no retornaban hasta el 29 de julio. Ese propio 19, volvió a la ONAT a ver a Suzel, y le explicó lo acontecido, a más de mostrarle su inquietud porque solo quedaba un día para cumplir la obligación tributaria.

Suzel la autorizó a que pagara su cuota mensual del impuesto de junio, de manera que, cuando ya tuviera los documentos de Higiene y de Trabajo, mediante una reclamación le reintegraran el dinero abonado. Confiada, pagó ese día los 200 pesos de junio.

El 29 de julio, en Higiene le entregaron el documento de suspensión de su actividad, y al día siguiente ella fue a Trabajo a entregarlo, para que le confeccionaran el aval de exoneración del pago tributario, el cual debía entregar a la ONAT.

Este último se lo dieron el 31 de julio. Tras varios intentos fallidos, el 7 de agosto pudo al fin darle a Migdialis, la jefa de Atención al Contribuyente, dos documentos de Trabajo que acreditaban la suspensión de ventas de junio y julio, un comprobante del pago al Banco de 200 pesos por concepto de su cuota mensual tributaria correspondiente a junio, y una carta pidiendo la devolución de dicho dinero.

Afirma Graciela que Migdialis —en una forma que le pareció «bastante descompuesta», según la carta—, le dijo que el documento de julio estaba en tiempo, pero el de junio no servía, pues el mes ya había transcurrido. Graciela le explicó sus trámites, orientados por la subdirectora de la ONAT. Pero Migdialis no la escuchó y procesó solo el mes de julio, al tiempo que botó en el cesto de la basura el comprobante de junio. Le aclaró que la respuesta debía recogerla en el plazo de 60 días hábiles, miércoles o jueves en la tarde, cuando atiende el jurídico. Graciela fue a ver a Suzel, quien se comprometió a atender el asunto, a informarle a Migdialis que estaba errada y a localizar el documento de Higiene con la suspensión de junio.

El 22 de diciembre, Graciela fue atendida por el jurídico, quien le entregó la Resolución 1644/2013. Y en ella se decía que su solicitud no procedía por no mostrar pruebas de que Higiene hubiera suspendido el trabajo. En resumen, Migdialis no restituyó el papel que botó al cesto.

Graciela supo que Migdialis había sido amonestada, por boca de la Subdirectora, quien le dijo que ella se ocuparía del caso; que hiciera una nueva reclamación denominada Recurso de reforma. La reclamante la entregó el 23 de diciembre, y debió esperar, una vez más, 60 días hábiles.

A mediados de marzo de 2014, llamó por teléfono. Suzel le confirmó que había firmado la aceptación hacía días, y se sorprendió de que Graciela aún no hubiera recibido la notificación. Le solicitó unos días.

Al fin la citó para el viernes 11 de abril, con el abogado que la atendería. Ese día ni ella ni él estaban, y Graciela no pudo contactar a funcionario alguno. El lunes 14 de abril Graciela se presentó ante el abogado, quien le planteó que su expediente se había extraviado; que le diera 72 horas para responderle. Una vez más le pidieron los datos.

«He transitado un largo y escabroso camino para recuperar 200 pesos», expresa la lectora, quien al momento de escribirnos aún no los había recuperado, «por el burocratismo y la falta de respeto a que he sido sometida».

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