Acuse de recibo
El de Carlos Eugenio Hernández Alderete es uno de esos casos en los que la madeja de trámites recuerda las piezas de teatro del absurdo, con la triste diferencia de que se trata de pura realidad.
Relataba aquí ese matancero, residente en calle Agüica No. 53-C, Banagüises, Colón, que su casa, la que construyó y pagó su padre, en la que él mismo ha echado la vida, no era legalmente suya. Y pormenorizaba las «razones» de esa sinrazón.
Resulta que tras una entrega inicial del inmueble a su papá, la Dirección Jurídica del central México —entidad donde laboraba aquel— les comunicó a él y los demás trabajadores beneficiados que debían pagar al Banco el importe de los hogares. Comenzó entonces la familia a abonar cuotas de nueve y después de dos pesos mensuales. Falleció el titular, pero se continuó pagando a su nombre, esta vez con la chequera a la que se adhería su esposa.
Cuando Carlos Eugenio, que es también trabajador del central México, inició los trámites para pasar a su nombre la propiedad de la vivienda, se enteró en el Banco de que ya habían terminado de pagar el inmueble y hasta habían dado 65,50 pesos de más.
Tras entregar a las autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda (DMV) su inscripción de nacimiento, un acta de defunción de su papá y el documento de pago del hogar, y esperar unos seis o siete meses, fue citado Carlos Eugenio para recoger su título de propiedad. Entonces supo que este último no se había concretado porque las autoridades facultadas no habían podido verificar el grado de parentesco de él con su propio padre (?!).
El doliente se presentó en la Dirección Provincial de Vivienda el 19 de julio de 2012. Estaban allí los legajos necesarios en su expediente. La funcionaria que lo atendió quedó en emprender las gestiones de rigor y llamarlo otra vez cuando se emitiera la propiedad. Pasó el tiempo y pasó... Nada.
Al respecto contesta Mirta I. Caballero Pérez, directora de Vivienda en Matanzas, quien informa que el 23 de octubre de 2012 se emitió la resolución No. 1163/12 de la DMV, a nombre de José Ramón Hernández Oropesa, el papá fallecido, cumpliéndose el trámite correspondiente para la desvinculación de las viviendas vinculadas que arriban al término.
Se comprobó, añade la Directora, «que el Departamento Jurídico de la DMV de Colón no consultó el caso formalmente, como está establecido, actuando incorrectamente en la decisión adoptada de archivar el caso».
Además, detalla la ejecutiva, faltó seguimiento a la queja formulada por Carlos Eugenio, por parte de la funcionaria de Atención a la Población, de la Vivienda a nivel provincial.
Por todo ello fue indicado a la DMV de Colón revisar de nuevo el expediente «y atender al promovente con el objetivo de explicarle las causas que dieron al traste con su inconformidad y a la vez notificarle la Resolución 182/14, de fecha 10 de marzo del año en curso, donde se le concede el derecho de propietario del inmueble antes mencionado», sostiene la funcionaria.
Concluye su misiva apuntando que «no se toman medidas administrativas con la jefa del Departamento Jurídico de Colón y la funcionaria de Atención a la Población de nuestra Dirección por no encontrarse ambas laborando en el Sistema de la Vivienda».
Agradezco la respuesta de la Directora y me alegra que al fin Carlos Eugenio sea legalmente propietario de la casa construida por su padre. Me gustaría comentar, no obstante, lo que va siendo una inquietante tendencia en algunas respuestas institucionales.
Sucede que no se toman medidas con los responsables directos, porque ya no laboran en las entidades de marras. Algo así como borrón y cuenta nueva. ¿Acaso no se hacen entregas formales de los cargos y responsabilidades cuando alguien abandona un puesto de trabajo? ¿Quién recibió y no detectó un trámite incompleto? ¿Y los jefes que debían controlar y garantizar la transparencia del traspaso?
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