Acuse de recibo
Remberto Reina Cala (Calle 3 No. 29, entre 2 y Despoblado, Céspedes, Camagüey) labora en la Agrupación de Mantenimiento Vial hace 11 años, los cinco últimos como chofer de un camión algo deteriorado. Y en el segundo semestre de 2012, al sancionar la administración al chofer del otro camión —en mejor estado técnico—, y quedar la plaza vacante, él solicitó la misma a Risquiel Rodríguez Leiva, director de esa agrupación.
Risquiel —cuenta el afectado— le negó la plaza y le aplicó una medida disciplinaria por supuestas ausencias injustificadas. Remberto apeló al Órgano de Justicia Laboral de Base (OJLB), el cual, al comprobar que no existían las mismas, falló a favor del trabajador.
Durante el proceso de apelación —señala—, el Director lo declaró no idóneo, argumentando que no había arreglado el camión. «¿Cómo arreglar un camión si no me asignan las piezas necesarias?», señala Remberto en su carta.
Durante un tiempo, Remberto tuvo que abandonar su trabajo de chofer, a pesar de tener todos los requisitos para ello, ningún señalamiento o infracción y sí reconocimientos a distintos niveles, incluida la condición de Vanguardia Nacional en dos ocasiones.
Después de un largo proceso, el Tribunal Municipal falló a favor del trabajador. Y el propio día de la vista, el Director le comunicó a Remberto que estaba separado de su puesto laboral por la pérdida de dos cubos de cemento. Pero precisamente el autor de la sustracción, que no es trabajador de la agrupación, entregó una carta a esta donde se declara culpable de los hechos.
El pasado 20 de mayo, cuando me escribió, Remberto seguía fuera de su puesto. Apeló la medida, y el propio Director le comunicó que tenía que ser reclamada ante el Órgano de Justicia Laboral de la instancia provincial. Esa información Remberto la consultó con un abogado, quien le aseguró que no tenía que ser así, necesariamente.
Conclusión: Remberto no fue convocado a la vista, y el fallo fue en su contra. Entonces apeló al Tribunal, y este solicitó el expediente a Camagüey. «No se lo entregaron porque, al parecer, hay irregularidades. Pero en la vista participaron dos integrantes, y lo correcto es un número impar. Tampoco se me notificó el fallo dentro de las 72 horas siguientes; llegó a mi casa al mes, porque lo solicité para continuar con la apelación».
Para colmo, cuando me escribió, el OJLB de la provincia no había entregado el expediente. Y él se pregunta hasta cuándo ciertas administraciones estarán quebrantando impunemente los derechos de los trabajadores y la legislación laboral.
El pasado 19 de marzo, Gladys Rivas denunciaba, en nombre de los vecinos de la ciudadela sita en Anastasio No. 515, en el barrio habanero de Lawton, una tupición de aguas albañales en el patio común de la misma de más de seis años. Y refería que desde noviembre de 2012 la situación se había agravado. A pesar de las gestiones, nada se resolvía y era del conocimiento.
Al respecto, el 30 de mayo pasado respondía William Porro, director de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda, que «en esta ciudadela de 12 habitaciones se acometieron trabajos de reparación. De acuerdo con la información recibida de la ciudadana Marta Cabrera Reyes, de la habitación 6, los mismos quedaron inconclusos aproximadamente en 1999. Estos fueron precisamente en la red pluvial y albañal, las que atraviesan el patio interior».
Agrega que, de igual manera, no se concluyeron las terminaciones del patio, correspondientes al piso del mismo.
E informa que «hemos puesto en conocimiento de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) las tareas a acometer con celeridad para la solución del problema, que en este caso es la ejecución de la línea principal de evacuación de los pluviales, los registros de albañales y la terminación del área común o patio».
Ojalá que la UMIV esta vez cumpla con su palabra, y no repita la historia de elusión que hace 15 años mantiene en vilo a estos vecinos. ¿Por dónde andarán los que abandonaron la tarea e incumplieron?
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