Acuse de recibo
Con bastante retraso, el 3 de junio pasado llegó la carta de respuesta —fechada el 25 de enero de este año— de Rafael Oceguera Perdomo, director provincial de Áreas Verdes en La Habana, a la queja de María de los Ángeles Roque, revelada aquí el 23 de enero de 2014.
Entonces, María de los Ángeles contaba que en el patio de la vivienda de su mamá (calle Esperanza No. 213, entre Parque y Recreo, Cerro, La Habana), había un árbol de canistel de más de 70 años que levantó el piso de la casa, y gruesas ramas partidas que, de caer, provocarían una desgracia en las edificaciones colindantes.
Afirmaba que en julio de 2011 entregó una reclamación a Áreas Verdes del municipio de Cerro para solicitar la poda del ejemplar, a más de las gestiones del Delegado de la circunscripción. Pero nada se había hecho hasta entonces. Y a su mamá la habían peloteado cientos de veces. Tuvo que realizar otra solicitud. Y le dijeron: No tienen personal… La sierra está rota… Tienen que pedir prestada una grúa a otra jurisdicción… entre otros argumentos.
Al respecto, señala Oceguera escuetamente que «Áreas Verdes (a nivel provincial) desconocía este caso. No obstante, nos personamos en el lugar, comprobamos la veracidad del caso y procedimos a la ejecución del mismo, quedando resuelto el 24 de enero del presente año».
Si el asunto se resolvió al siguiente día de la publicación, ¿por qué entonces se dieron tantos pretextos y negativas del municipio desde que se reportara en julio de 2011, especialmente cuando se conocía el peligro que representaba? ¿Por qué Áreas Verdes del Cerro no informó a sus superiores, en busca de una solución? ¿por qué el Director Provincial de áreas Verdes no conoce de un caso que, según la queja publicada, estaba reportado de años, con peligros?».
El 27 de febrero pasado, Marta Rodríguez Farray (Calle C No. 17106, entre Calzada de Guanabacoa y 8va., reparto Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana) denunciaba que un mamoncillo coposo y de 15 metros de altura, de tronco ahuecado y numerosas rajaduras en su base, situado en terreno colindante con su casa, constituía un peligro.
En noviembre de 2013 Marta solicitó al Servicio Estatal Forestal de San Miguel del Padrón el permiso de tala del árbol. Se lo entregaron a inicios de febrero de 2014, tras reiterados viajes a esas oficinas donde —según la propia reclamante— no se le atendió adecuadamente.
Con el permiso, Marta fue a Servicios Comunales. Y los funcionarios que la visitaron comprobaron el peligro y la necesidad de eliminar el mamoncillo con prontitud. Pero no fue así…
Primero le preguntaron por el contrato, asunto del cual nadie le había hablado. Luego mencionaron que la tala costaría entre 400 y 500 CUP. Por último, le dijeron que solo debía abonar algo más de 200 pesos, compromiso que ella podía honrar si le permitían pagar en más de un plazo, pues solo recibe su pensión como jubilada.
Cuando me escribió, María seguía esperando en vilo. Y se preguntaba por qué demora tanto una solución a tamaño peligro.
Al respecto, responde Elpidio Tejerizo Perón, director de Servicios Comunales en el municipio de San Miguel del Padrón, que a raíz de lo publicado «se hicieron las coordinaciones pertinentes con las entidades involucradas en el tema, y se comprobó que, a pesar de que existieron obstáculos objetivos ajenos a nuestra voluntad para la pronta solución de la problemática que aquejaba a Marta, en horas de la mañana del día 4 de marzo del presente año se efectuó la tala del mamoncillo».
Se disculparon con Marta —agrega—, e informa que «el compañero Sergio Pérez Rivero, jefe de brigada, fue sancionado a separación definitiva de nuestro sector, por atribuirse funciones que no están acordes con su cargo, que empañan el buen funcionamiento y prestigio de nuestra entidad».
Asegura Tejerizo que «se implementarán las acciones pertinentes para que hechos como este no se repitan».
Salvando las diferencias, habría que hacerse similares preguntas a las que concluyen el caso anterior. ¿Hasta cuándo?
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