Acuse de recibo
Jorge Dinza Garzón (calle 2 e/ 37 y 39, Plaza de la Revolución, La Habana), Lucía Mirurgia Alie Suárez, Carlos Rojas Velázquez y Diana Diago son cuatro trabajadores de la capital que en las verdes y en las maduras han permanecido en el histórico Movimiento de Microbrigadas, ya prácticamente desaparecido.
Y cuando muchos quizá suponen que la deuda con esos microbrigadistas ya se saldó, cuando ellos han erigido tantas obras para otros, incluso para damnificados por huracanes, se sienten como eslabones perdidos, como historias desgajadas y promesas incumplidas.
Ellos no entienden por qué no se les ha dado aún una solución a su problema de vivienda —motivo por el cual entraron a ese Movimiento, algunos de ellos hace ya más de 20 años—, y mientras tanto sus necesidades se han acrecentado, del mismo modo que sus problemas de salud. Se sienten, dicen, «defraudados por los largos años de espera trabajando muy duro en todo lo que se nos ha orientado».
En su momento se hizo un compromiso de las autoridades provinciales para resolver los casos que quedaban sin solución de aquel Movimiento —señalan—, y hoy enfrentan la difícil realidad de encontrarse en el punto de partida, luego de haber construido viviendas durante tantos años y haber trabajado en la edificación de obras sociales.
Funcionarios que los han atendido les han planteado que deben acogerse al sistema de construcción alternativa o bajo costo, según el cual tendrían que concluir las viviendas con medios propios, mediante subsidios y créditos.
«Consideramos que esta decisión viola los compromisos contraídos, es poco ética. No nos parece que dentro de este programa estemos comprendidos nosotros, porque existe un compromiso que no se ha cumplido. Y nosotros sí cumplimos y sobrecumplimos con creces», señalan.
Precisan que tres de ellos son microbrigadistas del municipio de Plaza de la Revolución que se encuentran sin otorgamiento de un local, vivienda o terreno alguno. Y en el caso de Lucía Mirurgia Alie, quien acumuló 27 años en las microbrigadas y vio pasar allí su juventud y su salud, en enero de 2014 se le informó que se le había otorgado un apartamento de los que denominan «afectado», de dos habitaciones, en un edificio sito en 33 y 44, en el municipio de Playa, para su núcleo familiar de siete personas, incluidos tres matrimonios.
Lucía considera que, tras laborar esa cantidad de años, merece que la solución a este asunto pase por otro análisis. Y agrega que funcionarios que la han atendido le han dicho que si no se acogía a esa variante tendría que asumir lo que denominan un «alternativo» (construcción de bajo costo con piso de cemento pulido, sin puertas interiores ni azulejos en baño y cocina), para que ella lo concluya mediante esfuerzo propio.
¿Cuánta más atención se debe prestar a casos excepcionales como estos, cuánta delicadeza para pulsar una solución más cercana a lo que esperan quienes entregaron tanto? Lucía, sin muchas alternativas, y Jorge Dinza, Carlos Rojas y Diana Diago, sin una vivienda: ese no debía ser el tratamiento.
Joaquín de la Nuez (calle Monte No. 619, apto 1, entre Antón Recio y Figuras, La Habana Vieja), cuenta que en 1986 le dieron orden de albergamiento a él y otras familias vecinas por el mal estado de su edificio, inhabitable e irreparable.
Y en 2002, la Micro Social y la Oficina de Albergues le orientaron a los inquilinos del edificio en que los albergaron (calle Monte No. 157, entre Aponte y Cienfuegos) tener una representación por cada familia, para apoyar las obras del inmueble donde hoy viven. En el 2004 se concluyó y les dieron sus nuevas casas.
Han transcurrido diez años, señala. Y aunque los apartamentos tienen buenas condiciones —mampostería, baños y mesetas azulejeados, etc.—, todavía no les han dado ningún documento legal que haga constar que son los propietarios de los mismos.
En consecuencia, están imposibilitados de hacer cualquier trámite oficial. Es como si no existieran. De hecho, son ilegales en sus propias casas después de diez años. Increíble, pero cierto.
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