Inquietudes desoídas

El Dr. Andrés E. Hernández Ramírez escribe desde calle 1ra. Biplanta No.8, apto. 4, e/ G y H, en el reparto José Martí, de la ciudad de Santa Clara. Y lo hace para manifestar su inquietud acerca de cierta disposición que considera debería revisarse, en cuanto a las viviendas que se les han otorgado a profesionales de la Salud que han cumplido misiones de colaboración en el exterior.

Refiere Hernández que fue de los primeros médicos a los cuales se les entregaron viviendas por ese programa, el 5 de diciembre de 2006. Entonces, él transmitió su preocupación por el acabado de las mismas, y alertó a las autoridades de la provincia y de la Salud en el territorio.

En 2011, tras varias solicitudes, se logró una reunión entre funcionarios de Salud Pública y colaboradores beneficiados con las viviendas. Y allí se recogieron inquietudes relacionadas con facilidades de pago y deficiencias constructivas de los inmuebles, entre otros planteamientos. Pero nunca recibieron respuestas al respecto.

Transcurridos ocho años de la entrega de las viviendas, señala, se les informó en una reunión el pasado 20 de septiembre, en cumplimiento de una orientación, que las casas otorgadas por este programa a los colaboradores de la Salud se cobrarían en dos plazos, en un período de un año. Y si no se paga en ese lapso, la vivienda pasa al fondo habitacional, con el pago de una mensualidad de por vida, y sin posibilidad de adquirir la propiedad.

Precisa el Dr. Hernández que el contrato ellos no lo han visto aún. Y cuestiona: «¿Por qué tantos años para tomar esta decisión, y por qué tan poco tiempo para que el profesional asuma el pago?»

Apunta que durante todos estos años la reparación de las fallas y chapucerías constructivas de tales viviendas las han asumido con sus recursos. «¿Quién nos pagará los gastos directos e indirectos de los arreglos de chapucerías en la construcción de nuestras casas?

«¿Por qué decisiones que han provocado polémica no tienen un espacio de discusión y reflexión? ¿A quién reclamamos, a quién le entregamos las evidencias gráficas de nuestro reclamo?»

El doctor aclara que no tiene la más mínima intención de eludir pagar un inmueble construido para el bienestar familiar, pero se cuestiona el por qué de la decisión de no favorecer a los médicos con los beneficios que establece la Ley General de la Vivienda, de pagar precios en plazos muy bien establecidos en la citada Ley.

También el Dr. Juan Mario Reyes Vera, residente en calle 1ra. Biplanta 8, apto. 1, entre G y H, en el mismo reparto de Santa Clara, coincide con su colega, y añade que, incluso, la última versión de ese programa especial de viviendas, con el pago de 3 699 CUC, incluía cisterna, bomba de agua, carpintería de aluminio para interiores y puerta de aluminio con doble fondo para la entrada de la calle, entre otros objetivos.

Lo inadmisible, apunta, es que les quieren cobrar elementos con los cuales no cuentan sus casas.

Juan Mario considera que debía haberse tenido en cuenta un  modo de pago como el que ha sido habitual en Cuba, de abonar mensualidades en un período razonable.

«Es un problema serio y muy delicado —sentencia—, y creo que tenemos el derecho de ser oídos y atendidos».

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