Acuse de recibo
Mucho sudor y cansancio le estropean el cuerpo a un campesino, como para que tenga también que desgastarse en trámites y peloteos resultantes de la ineficiencia de ciertos mecanismos burocráticos.
Preguntémosle de ese particular a Pedro P. Suárez García (Avenida 93, No. 6203, entre 62 y 64, Alquízar, Artemisa) y seguramente nos dará una larga disertación. Este agricultor, de la CCSF Rubén Martínez Villena, lleva casi dos años en gestiones para adjudicarse las tierras en usufructo de su padre, quien falleció el 15 de enero de 2013.
Refiere Pedro que le entregó a la registradora de la tierra en su municipio, compañera Mariuska, la solicitud del terreno de marras, junto a un certifico de defunción de su papá, en el tiempo legal establecido para ello. Afirma el remitente que ha trabajado las tierras desde que se otorgaron a su progenitor hasta ahora mismo; por lo que seguramente no imaginaba que le sería tan engorroso el traspaso.
Apunta el artemiseño que desde que aguarda por la adjudicación, las autoridades de la Agricultura en el municipio, ya le han aplicado tres multas, «basándose en el hecho de que estoy ocupando las tierras de forma ilegal».
Dos de estas multas —señala el campesino— le fueron aplicadas el 25 de abril de 2014, una de ellas sin su conocimiento. La tercera llegó el 7 de octubre, «habiendo yo reclamado ante las autoridades provinciales de la Agricultura las dos anteriores y siendo anuladas aquellas por las resoluciones 222 y 283».
Ante la tercera penalización, el afectado también reclamó como un resorte, y esta quedó nuevamente sin efecto mediante la resolución 415, donde se afirma «que las autoridades agrarias del municipio de Alquízar siguen violando lo establecido en el Decreto Ley 300», evoca Pedro.
Pero mientras el papeleo se destraba y el expediente, fuera de término, reposa en las oficinas que no le han dado su curso eficiente, este agricultor continúa como ilegal en las tierras que legítimamente trabaja. ¿Hasta cuándo?
¿Les parece raro el subtítulo? Pues seguramente a José Julián Arias Cuéllar (Edificio 14, apto. 16, La Portada, Cuatro Caminos, Cotorro, La Habana) ya se le ha hecho tristemente familiar. Esa es la marca y número de la olla multipropósito que compró en una TRD de su territorio, al precio de 59.75 CUC, el 1ro. de marzo de este año, y que tras cuatro meses de funcionamiento, se le ha convertido en un artefacto inservible.
Como la garantía cubría tres meses y el equipo duró uno más, lo que han seguido son infructuosas gestiones para volverla a echar a andar. Apunta el remitente que él y su familia se han comunicado con varias instancias de la cadena TRD Caribe y no se ha resuelto nada.
«Mi hijo se presentó en 7ma. y 84, Playa, y le comunicaron que llamara a Marylin (no especifica el cargo) al 2069758. Esta a su vez le comunicó que no existían piezas para ese tipo de equipo, que llamara a Anita, municipio de San José de las Lajas, Mayabeque. Yo me presenté personalmente (…). Ella llamó al taller de Güines, al teléfono 523922, y la respuesta siempre fue la misma: no hay en existencia la pieza. ¿Qué hago? ¿A quién tengo que ver? ¿Se compran equipos sin repuesto?», se duele el capitalino.
Poco más tendría que añadir este redactor, salvo que seguimos chocando con el mismo pedrusco. ¿Cuándo quienes planifican y ejecutan la importación de determinados artículos tendrán en cuenta que hacerlo sin la debida proyección de repuestos —y después comercializarlos así— es una irresponsabilidad y una falta de respeto a los consumidores? ¿Cuándo los clientes serán debidamente indemnizados por situaciones como esta?
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