Acuse de recibo
En septiembre de 2014, cuando los arquitectos Teresita Rodríguez, Enid Gómez, Bibiana Franco y Jorge Luis Cabrera cobraron su salario como profesionales de la Unidad Básica Santa Clara, de la Empresa Provincial de Servicios Técnicos Arquitectos de la Comunidad, descubrieron que funcionarios y trabajadores indirectos a la producción percibían ingresos abrumadoramente más altos que los de ellos, que son directos a la producción y responden a un sistema de pago a destajo, por tasa de ingreso.
En una reunión, los arquitectos de Santa Clara solicitaron al subdirector económico administrativo de la Empresa provincial una explicación al respecto. Y este les informó que el nuevo sistema de pago era a destajo para los trabajadores directos y por resultados para los indirectos.
Sin embargo, la Resolución 17 de 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) acerca de las formas y sistemas de pago, en su Resuelvo Cuarto, establece que «los trabajadores pueden estar comprendidos de manera simultánea en más de una forma de pago por rendimiento, en correspondencia con su aporte e incidencia en los resultados alcanzados, incluyendo a los que se encuentran cumpliendo el Servicio Social».
La Empresa no tiene convenio colectivo de trabajo, Reglamento para la aplicación de sistemas de pago, ni Órgano de Justicia Laboral de Base (OJLB), afirman. Presentaron el 7 de noviembre una carta a dicha entidad con sus inquietudes, y la respuesta nunca apareció. Ese mes se hizo un pago extra solo a los indirectos a la producción, a pesar de que «el total de los ingresos de la Empresa sale del servicio prestado por nosotros, trabajadores directos caminando bajo el sol, elaborando trabajos en computadoras particulares, haciendo gestión de cobro con los clientes, comprando papel, plumas, presillas, cintas para impresoras, cintas métricas…».
Acotan que se violó el Resuelvo Tercero de la Resolución 17/2014 para la aplicación del sistema de pago por rendimiento, el cual dispone que los directores administrativos aprueban esa forma de pago, previo acuerdo con el Sindicato al nivel que corresponda. «Este acuerdo nunca existió con la sección sindical nuestra», enfatizan.
Los arquitectos presentaron queja por quebrantamiento de la legalidad ante la Fiscalía Municipal, «la cual no aceptó proceder, indicándonos que debíamos ir a la Dirección Municipal de Trabajo, para la asignación de un OJLB». Así se hizo. Y por indicación de la Dirección Provincial de Trabajo se les asignó el OJLB de la Empresa de Proyectos 9 de Villa Clara. Las 26 reclamaciones fueron entregadas el 5 de enero de 2015. Tal demanda se presentó también ante el Sindicato Municipal y Provincial, la CTC y el Gobierno provinciales, y las direcciones municipal y provincial de Trabajo, entre otras instancias.
«En el caso del Sindicato y la CTC —afirman—, nos han acompañado en el proceso con varias reuniones, dentro de ellas la Asamblea de Afiliados del 18 de diciembre pasado, en la que se acordó elaborar, presentar y aplicar un nuevo sistema de pago por parte de la Empresa, mediante el cual los trabajadores directos, que cobran a destajo, pudieran también formar parte de la distribución de los resultados de la Empresa. Ese objetivo fue ratificado como derecho nuestro en la citada reunión», apuntan.
A inicios de 2015 no había ningún acuerdo cumplido. No se habían creado condiciones para que comenzaran a trabajar. No había modelos para los nuevos servicios, ni tarifas correspondientes. Solo se mantuvieron recibiendo solicitudes y visitando clientes. La Dirección alegaba que el pago de salarios sería igual a los anteriores, y que en diciembre la empresa no había tenido resultados, «siendo ese mes uno de los de mayores ingresos en 2014».
El pasado 14 de enero, en Bandec se supo que el cheque para el pago correspondiente a diciembre no tenía fondos. La Directora de la Empresa comunicó que había problemas con el pago a la imprenta, para los modelos, imprescindibles en el trabajo con los clientes.
Después la CTC provincial reunió a las partes implicadas, y se concluyó «que existe total incompetencia administrativa en la Empresa Provincial de Servicios Técnicos Arquitectos de la Comunidad; que se le haría saber a la Asamblea Provincial del Poder Popular, pues somos una empresa socialista con subordinación al Consejo de la Administración Provincial. Y que se indicaría la solicitud de una auditoría en la Empresa, también solicitada por los trabajadores el 6 de enero a la Contraloría Provincial».
El 21 de enero, cuando me escribieron los arquitectos, todo seguía igual: «Sin un sistema de pago que responda a nuestros derechos. No tenemos modelos para trabajar, ni tarifas de precios establecidas. La auditoría no se ha iniciado y la dirección de la Empresa sigue tomando decisiones, sin ser presentadas a los trabajadores. Hoy se nos informó que no será procesada nuestra reclamación al OJLB de la Empresa de Proyectos 9 de Villa Clara. Continuamos desamparados legalmente
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